Esta semana, las calles de toda España se han llenado de solidaridad con Maricarmen, la mujer de 87 años que era desahuciada del piso en el que llevaba más de 70 años viviendo en el distrito de Retiro.
La mirada de todo el país ha estado puesta en los últimos días en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde esta octogenaria había residido hasta que el pasado miércoles se veía obligada a abandonar el que había sido su hogar durante todo este tiempo.
Desde la noche anterior, cuando centenares de personas acamparon a los pies del portal, hasta una vez consumado el lanzamiento por parte de la Policía, e incluso después, coincidiendo con el traslado de Maricarmen al hospital y la estancia de la mujer aquí, los gestos de cariño han sido infinitos; y la calle ha hablado. De hecho, este sábado el Sindicato de Inquilinas llama a una nueva manifestación en Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados.
La cita, que dará comienzo a las 18:30, se convierte en la enésima muestra de respaldo a Maricarmen, pero no solo a ella, pues las protestas no son únicamente en su favor -aunque sea el eje vertebrador-, sino para que no haya “ni una Maricarmen más”. En definitiva, se trata de una nueva marcha en contra de la especulación inmobiliaria que persigue que la vivienda sea un derecho real, tal y como, por otra parte, recoge la Constitución.
Días de protestas por todo el país
El mismo día del desalojo, miles de personas se congregaban por la tarde frente al ático que la Comunidad de Madrid adquirió en el Paseo del General Martínez Campos por valor de 6,3 millones de euros. Los manifestantes improvisaron una suerte de ruta por las calles de Madrid que terminó en disturbios.
Pero la capital no ha sido la única ciudad cuyos ciudadanos han salido a la calle por el acceso a una casa digna. Las concentraciones se han extendido -y se extenderán- por decenas de municipios españoles como Zaragoza, Logroño, A Coruña, Bilbao, Huelva, Salamanca, Granada, Benidorm, Cáceres, Talavera de la Reina, Murcia, Ciudad Real, Segovia, Albacete, Santander, Valladolid o, ya fuera de la Península, la isla de Tenerife o de Gran Canaria.
Responsabilidad compartida
Los convocantes, así como los asistentes, lo mismo que la propia Maricarmen, no responsabilizan a una única institución de lo ocurrido esta semana ni, en definitiva, de la situación de la vivienda en nuestro país, sino que reparten la responsabilidad entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En términos estatales, el clamor social exige que salga delante de una vez por todas el real decreto de vivienda, todavía en stand by y al que el Ejecutivo quiere imprimirle celeridad después de las diferencias existentes entre el PSOE y Sumar. Junts, por su parte, asegura ahora que mantiene abierta la vía de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras votar dos veces en contra de la mano del PP y Vox.
En un sentido autonómico, en Madrid la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra Moncloa y su máximo responsable, y contra el Sindicado de Inquilinas, al que acusan de arremeter contra “una mujer que siempre ha vivido de alquiler”. Desde el equipo del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, calificaron asimismo “algaradas” las protestas que atravesaron parte de la localidad y que se habían producido “situaciones de violencia”. “Este va a ser el otoño caliente que la izquierda le quiere preparar a los gobiernos del PP”, deslizó en una intervención la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz.
Comunidad y Ayuntamiento aseguran haber ofrecido recursos habitacionales a Maricarmen. La región sostiene que la mujer ha recibido dos ofertas para acceder a una plaza de una residencia pública, mientras que el Consistorio también habría estado trabajando para ofrecer un recurso habitacional a esta mujer octogenaria.
Entretanto, el pasado viernes, la empresa propietaria del piso, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, anunciaba que había presentado una alternativa al espacio de Cibeles para que la anciana pueda regresar al inmueble. A través de un comunicado, el fondo se refería a una propuesta de carácter "urgente" para que la vivienda sea incorporada al programa Reviva, diseñado por el espacio de Cibeles.
"El objetivo es coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible”, deslizaban. El Ayuntamiento no aceptó, aunque dijo estar abierto a negociar.
Hay que recordar que una escritora anónima se ofreció a pagar la subida del alquiler de Maricarmen, quien había pagado todos los meses religiosamente 500 euros, pero, a partir de ahora, tenía que haber afrontado pagos de 2.650 euros mensuales, tal y como reclamaba Urbagestión. El pianista y escritor James Rhodes trató asimismo de comprar la casa para mantenerle después a la inquilina la renta antigua, pero tampoco tuvo éxito.
No es un caso aislado
El de Maricarmen no es un caso aislado. En los últimos días ha sido desahuciado David, un vecino de Vallecas, el mismo día que la mujer de 87 años. Una mujer con cáncer terminal en Tenerife iba a correr la misma suerte este viernes, pero el desahucio se suspendió. Y hace unos días, Olga se quitaba la vida tras ser expulsada meses atrás de su piso en el barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat.
Antes de Maricarmen
De un tiempo a esta parte se han celebrado en España manifestaciones multitudinarias en favor de la vivienda. Seguramente, la mayor ocurrió en abril de 2025, que sacó a decenas de miles de personas a la calle en casi 40 ciudades del Estado. Desde mediados o finales de 2024 se han sucedido otras marchas.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.