Las residencias de ancianos fueron las más afectadas durante la pandemia del coronavirus, donde un total de 19.653 personas fallecieron a causa del virus según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría de estas defunciones se produjeron en los centros de Madrid y Cataluña, seguido de los de Castilla y León y Castilla La-Mancha. Los fallecidos en las residencias de ancianos equivalen a un 69,1% del total de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el estudio ‘¿Estamos preparados para el Covid?’ revela que la mitad de las comunidades autónomas de España todavía no están preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias de posibles rebrotes de coronavirus. Este estudio presentado por Cinta Pascual, presidenta de CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), muestra que las comunidades autónomas reconocen que la pandemia es un problema de Salud Pública, aunque no protegen a los colectivos más vulnerables y destaca que en 8 de las regiones las competencias de las residencias residían en los Servicios Sociales y han sido derivadas a los departamentos de salud.

En este sentido, las autonomías menos preparadas para afrontar posibles rebrotes de coronavirus son Andalucía, Extremadura, Madrid, Galicia, Asturias, Navarra y Aragón, de las que Madrid, Extremadura y Galicia cuentan con mayores deficiencias respecto a lo estudiado. La región más preparada para afrontar el virus en las residencias es Cataluña. También se revela que se desconoce si llegarán los Fondos No Reembolsables anunciados por el Gobierno para poner en marcha planes y protocolos para estar preparados frente al virus y añade que hay una gran disparidad de criterios entre las diferentes autonomías.

En dicho informe sorprende que las residencias sí cuenten con un Plan de Contingencia establecido individual y adaptado a las características de cada centro y que las comunidades no hayan establecido criterios y pautas comunes. “Es importante señalar que la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, ha explicado Pascual.

Respecto a la disparidad de los recursos de EPIS y PCR, en el estudio se informa de que en comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha se facilitan a personas usuarias y profesionales; en País Vasco y en la Comunidad Valenciana solo a los profesionales; y en Madrid, Galicia, Aragón y Andalucía a ninguno de ellos. En el caso de los PCR hay algo que comparten todos los territorios y es que los reingresos y las nuevas altas, así como la contratación de personales, se hace realizando un test con anterioridad, en un plazo máximo de 3 días.