El coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas un total de 19.658 víctimas mortales, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría de ellas se ha producido en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Las residencias de ancianos​ fueron los principales focos de contagio en la pandemia del coronavirus y ahora, en la nueva normalidad, siguen siendo los puntos de más preocupación.

En este panorama, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias lleva meses denunciando la gestión que se está haciendo en los centros de ancianos madrileños: pésimas circunstancias en las que encontraban los residentes durante la pandemia, la negación de equipos de protección a los trabajadores y la falta de buenos sistemas de climatización con la llegada del verano son algunos de los aspectos más denunciados.

Es ahora, con la vuelta segura a las residencias donde los familiares de los residentes denuncian “un abuso de poder” de la Comunidad de Madrid. PLADIGMARE ya anunció su disconformidad con la propuesta de que los 45 días anuales en los que se reserva la plaza empezaran a contar el 7 de julio, momento en el que muchas residencias de la comunidad todavía no estaban en la nueva normalidad. Fue por ello por lo que en un comunicado rezaban: “Queremos racionalidad, coherencia, esfuerzo, credibilidad, sacrificio. Somos conscientes de que toda la sociedad lo estamos siendo. Pero expliquen, informen, sean claros como el agua”.

Testimonio personal

Ante estas circunstancias, en las que se obliga a devolver a los residentes a los familiares que optaron por sacarlos de las residencias para garantizar su seguridad frente al coronavirus, una de las asociadas a la plataforma, Esther Ortega, se siente en la necesidad de explicar su caso y el de sus padres, ambos en una residencia de ancianos: “Estoy otra vez en las redes sociales traída por la impotencia y la perplejidad. Hace unos meses conté que tuve que sacar a mis padres de la residencia por maltrato y auténtica desatención totalmente obligada”.

Ortega sacó a sus padres en mitad de la pandemia para garantizar su seguridad, ya que en la residencia no estaban seguros y explica que “no sabía a lo que me iba a enfrentar, pero sabía que tenía que sacar a mis padres de ahí”. “Ahora, la Comunidad de Madrid me obliga a devolver a mi padre porque los días de ausencia se están cumpliendo y los argumentos que me dan es que las residencias están en la nueva normalidad”, añade.

Como ya lo había denunciado PLADIGMARE anteriormente, no se conoce el estado de fase de muchas de las residencias de la comunidad y la asociada agrega que la primera premisa en la que se basa la Comunidad de Madrid es falsa (que están en nueva normalidad), ya que asegura que “las residencias no han conocido ninguna nueva normalidad desde el día 8 de marzo”

El segundo de los argumentos que le da el Ejecutivo de Ayuso es que “las listas de espera deben correr”, a lo que ella responde que “no se puede quitar la plaza a alguien que también la necesita y la está pagando. Además, no la está ocupando por obligación, por protección a la integridad de mi padre, no porque no quiera”.

Y reitera en que a las personas que se les está asignando una plaza “deberían tener una información clara de dónde van a meter a sus familiares”, porque donde los van a meter “es lo más parecido a una prisión, con unos índices de desatención muy elevados y que dista mucho del lugar de protección y de cuidado que todos queremos para nuestros seres queridos”.