Sin reprobaciones ni malas palabras. El Papa Francisco había citado a los obispos españoles en el Vaticano de manera excepcional para abordar la situación de los seminarios. La convocatoria papal coincidía con el momento en el que se daba a conocer el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores. De hecho, se esperaba que el Sumo Pontífice mencionara este documento, aunque según declaraciones de miembros de la Conferencia Episcopal, Francisco I no ha hecho mención alguna a los casos estudiados ni a la estrategia que plantea la organización para con las víctimas.

“No se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido”, ha asegurado el presidente de la subcomisión del clero de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Vidal, este martes, durante la rueda de prensa posterior a la reunión con el Pontífice, que ha tenido lugar en el Vaticano y que se ha prolongado durante más de dos horas.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha subrayado que el Papa no les quería dar "un tirón de orejas" y, preguntado por si no les ha sorprendido que les convoque a Roma solo para hablar de los seminarios, ha reconocido que se podría haber hecho una videoconferencia pero que es "aburridísimo". “Os cuesta entender, pero creedme, los chicos en la escuela decían, 'por Jesusito, que te digo la verdad', es que no había otra cosa, fue así, y ya está, y claro, dices, ¿y para eso nos ha llamado? Pues sí", ha subrayado Omella, añadiendo que no puede obligar a nadie a creerle y que no miente.

Así, los obispos han insistido en que el diálogo se ha centrado en temas como la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas o la importancia de las diversas dimensiones de la formación (pastoral, espiritual, teológica o humana).

La crisis de vocaciones de la Iglesia española

El informe sobre los seminarios es el resultado de una visita apostólica encargada por el Papa Francisco a dos obispos uruguayos, que se inició en enero de 2023 y concluyó en marzo. Durante ese tiempo, los visitadores inspeccionaron los 45 seminarios mayores y menores que hay en España, entrevistándose con los seminaristas, los formadores y los obispos responsables.

Según los datos publicados por la CEE, en el curso 2022-2023 había 1.066 seminaristas mayores y 827 menores, lo que supone un descenso respecto al curso anterior, cuando eran 1.028 y 811 respectivamente. También se redujo el número de ordenaciones sacerdotales, que pasaron de 125 a 97, y el de nuevos ingresos, que bajaron de 218 a 172.

Estas cifras reflejan la crisis de vocaciones que atraviesa la Iglesia española, que se ha agravado en los últimos años por la secularización de la sociedad, la falta de compromiso de los jóvenes y los escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos.

Los obispos preparan un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas

Precisamente en esta última Plenaria, los obispos acordaban trabajar en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas, incluso en los casos en los que no haya una sentencia judicial, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

"En los casos en que no haya sentencia judicial si hay una convicción moral porque judicialmente no puede haber sentencia -a lo mejor porque el victimario ha fallecido o porque hay una prescripción civil-. En esos casos, si se llega a una convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral, sí, habrá también esa reparación integral", explicaba el portavoz de los obispos.

En todo caso, precisaba que todavía no tienen "calculado" el "fondo" para las indemnizaciones a las víctimas porque eso habrá que articularlo dentro del plan de reparación a cuyo desarrollo han dado luz verde este viernes. Lo mismo decía con respecto al importe de las indemnizaciones, aunque puntualizaba que habrá que diferenciar los casos que vengan por vía judicial, en los que hay que atenerse a lo que diga el juez, de los otros. "No puedo especificar más tablas económicas porque todavía no está articulado pero lo que está determinado por sentencia judicial hay que atenerse a lo que sea la sentencia judicial que obliga al pago, sea al victimario o sea, en su caso, una responsabilidad civil subsidiaria, pero lo mismo también los casos que no se puedan llevar a juicio, que no puedan tener una sentencia judicial, también se van a estudiar para que haya esa reparación como una obligación moral", insistía.