Los obispos de la Conferencia Episcopal se reúnen este martes con el Papa Francisco, invitados por el Vaticano, para conocer las conclusiones de un informe que analiza la situación de los seminarios españoles, un encuentro que se produce en medio de la polémica por el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos a menores.

La reunión con los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se mantiene a pesar de que un "problema de inflamación pulmonar" impidiese al Papa este domingo rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro. Un portavoz del Vaticano ha explicado este lunes que su estado de salud es bueno, no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora.

Así, está previsto que el pontífice reciba este martes a los prelados españoles, invitados por el Dicasterio para el Clero y los Seminarios con el objetivo de abordar las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que visitaron los seminarios de España a comienzos de este año.

El informe sobre los seminarios es el resultado de una visita apostólica encargada por el Papa Francisco a dos obispos uruguayos, que se inició en enero de 2023 y concluyó en marzo. Durante ese tiempo, los visitadores inspeccionaron los 45 seminarios mayores y menores que hay en España, entrevistándose con los seminaristas, los formadores y los obispos responsables.

Según los datos publicados por la CEE, en el curso 2022-2023 había 1.066 seminaristas mayores y 827 menores, lo que supone un descenso respecto al curso anterior, cuando eran 1.028 y 811 respectivamente. También se redujo el número de ordenaciones sacerdotales, que pasaron de 125 a 97, y el de nuevos ingresos, que bajaron de 218 a 172.

Estas cifras reflejan la crisis de vocaciones que atraviesa la Iglesia española, que se ha agravado en los últimos años por la secularización de la sociedad, la falta de compromiso de los jóvenes y los escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos.

Precisamente, el encuentro con el Papa se produce en plena polémica por la publicación de la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores en el ámbito de la Iglesia, un informe que contenía también los datos de una encuesta según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad asegura haber sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.

La CEE ha insistido en desvincular la reunión de este martes del resultado de esta investigación pero, a pesar de que no está en el orden del día, tampoco es descartable que surja el tema en el transcurso del encuentro.

Preguntado por este, el portavoz de la CEE, César García Magán, reconoció la semana pasada, tras la celebración de la Asamblea Plenaria de los obispos, que era "un hecho singular" y que "no ocurre todos los días que el Papa convoque a un episcopado", pero se mostraba tranquilo ante dicha reunión. "Le puedo asegurar que no hay temor. ¿Que es un hecho singular? No ocurre todos los días que el Papa convoque a un episcopado", reconocía, pero insistía en que el único punto del orden del día es el asunto de los seminarios.

Los obispos preparan un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas

Precisamente en esta última Plenaria, los obispos acordaban trabajar en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas, incluso en los casos en los que no haya una sentencia judicial, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

"En los casos en que no haya sentencia judicial si hay una convicción moral porque judicialmente no puede haber sentencia -a lo mejor porque el victimario ha fallecido o porque hay una prescripción civil-. En esos casos, si se llega a una convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral, sí, habrá también esa reparación integral", explicaba el portavoz de los obispos.

En todo caso, precisaba que todavía no tienen "calculado" el "fondo" para las indemnizaciones a las víctimas porque eso habrá que articularlo dentro del plan de reparación a cuyo desarrollo han dado luz verde este viernes. Lo mismo decía con respecto al importe de las indemnizaciones, aunque puntualizaba que habrá que diferenciar los casos que vengan por vía judicial, en los que hay que atenerse a lo que diga el juez, de los otros. "No puedo especificar más tablas económicas porque todavía no está articulado pero lo que está determinado por sentencia judicial hay que atenerse a lo que sea la sentencia judicial que obliga al pago, sea al victimario o sea, en su caso, una responsabilidad civil subsidiaria, pero lo mismo también los casos que no se puedan llevar a juicio, que no puedan tener una sentencia judicial, también se van a estudiar para que haya esa reparación como una obligación moral", insistía.