El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico. La defensa de Sánchez acaba de presentar su escrito de acusación ante la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla, cuya titular es la jueza María José Moreno Díaz.
La acusación sostiene que Quiles desarrolló en 2022 una campaña de publicaciones contra el dirigente de FACUA en la que le atribuyó delitos de extrema gravedad. Según el escrito de conclusiones provisionales, esas afirmaciones fueron difundidas “de forma dolosa, mendaz, tendenciosa y cargada de odio”, con conocimiento de su falsedad o con “temerario desprecio hacia la verdad”.
El abogado de Sánchez, Francisco Tejado, plantea que los tres delitos continuados de calumnias concurrieron con dos delitos de injurias con publicidad. Por estos últimos reclama sendas multas de 12.000 euros, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. Además, solicita que Quiles sea inhabilitado para cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo de la eventual condena por calumnias.
Tres oleadas de ataques en redes y EDATV
El escrito de acusación delimita tres periodos concretos en los que, según la defensa de Rubén Sánchez, Quiles habría cometido los tres delitos continuados de calumnias: del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.
La primera oleada se habría producido en febrero de 2022, con diez publicaciones en las que Quiles acusó al secretario general de FACUA de conductas delictivas como pederastia, violaciones a menores, acoso, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y ocultación de patrimonio a Hacienda.
A finales de abril, según el escrito, el agitador ultra habría retomado los ataques con otras seis publicaciones en las que acusó a Sánchez de dirigir una organización criminal dedicada a la extorsión y de promover amenazas de agresiones contra él.
La tercera campaña se habría extendido entre finales de junio y finales de julio de 2022. En ese periodo, la acusación identifica otras 14 publicaciones en las que Quiles habría atribuido a Sánchez delitos relacionados con el uso fraudulento de subvenciones, manipulación de pruebas, extorsión, acoso, amenazas y estafa.
La defensa recuerda que, durante su interrogatorio, Quiles negó haber acusado a Sánchez de ningún delito. Sin embargo, el escrito sostiene lo contrario y recoge distintas expresiones utilizadas por el acusado en redes sociales y en EDATV.
Entre ellas, cita una intervención del 15 de febrero de 2022 en un programa de Edatv conducido por Bertrand Ndongo, donde Quiles afirmó que Sánchez y los “sicarios” que le atribuía “son auténticos criminales, son auténticos delincuentes”. También recoge otro mensaje del 25 de abril en Telegram, donde escribió: “Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (...), son mafiosos y extorsionadores de personas”.
60.000 euros y lectura pública del fallo
Además de la petición de prisión y las multas, la acusación reclama una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como al pseudomedio Edatv, de Javier Negre, al que señala como responsable civil subsidiario.
La defensa de Rubén Sánchez también solicita una medida de reparación especialmente llamativa: que Quiles sea condenado a grabar un vídeo dando lectura al fallo de la sentencia y que ese contenido se publique en su perfil de X - antes Twitter -, en su canal de Telegram y en el canal principal de Edatv en YouTube.
El procedimiento ya ha superado una fase clave. El auto de transformación en procedimiento abreviado, dictado el pasado 3 de abril y comunicado seis días después a las partes, ya es firme. El nuevo abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció inicialmente su intención de recurrirlo, pero los plazos para hacerlo en reforma ante el mismo juzgado o en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla ya han vencido.
El siguiente paso será que el juzgado dé traslado del escrito de conclusiones provisionales de la acusación a la representación procesal de Quiles. A partir de entonces, la defensa dispondrá de un plazo de diez días para presentar su propio escrito.
La acusación sitúa así en el centro del procedimiento una campaña sostenida de mensajes contra el secretario general de FACUA que, según su defensa, no formaría parte de la crítica política ni del debate público, sino de una sucesión de imputaciones falsas de delitos graves lanzadas con publicidad y agravadas por motivación ideológica.
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