Juan Fernández, hasta ahora responsable de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha sido elegido como secretario general, dando el relevo a Alberto Moya.

En medio de los ceses de altos mandos en la Guardia Civil, Juan Fernández defiende la "neutralidad e imparcialidad política" como seña de identidad de cualquier cuerpo policial que quiera mantener su prestigio".

En una entrevista con Efe nada más ser elegido, reconoce que el cese del coronel jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos se inscribe dentro de la potestad del ministro del Interior al ser un cargo de confianza y, por tanto, "sus derechos laborales no han sido vulnerados en absoluto".

Exceso de puestos políticos

De todos modos, Fernández recuerda que la AUGC ha denunciado el "exceso de puestos de trabajo que se conceden mediante libre designación", pero la Guardia Civil sigue con su política de ampliarlos.

Y ve necesario que la directora del cuerpo, María Gámez, a la que define como "una mujer firme y decidida", modifique la estructura de su gabinete. "Es crucial si quiere tener éxito", dice el líder de AUGC.

La directora tiene ante sí un gran reto, el de dirigir una institución como la Guardia Civil, "muy masculinizada, con un fuerte carácter historicista y, por tanto, reacia a los cambios". "No es tarea fácil", apostilla Fernández, quien aboga por la incorporación de personal civil en el gabinete técnico de Gámez, porque "le daría la visión global necesaria para la toma de decisiones acertadas".

AUGC continuará con sus reivindicaciones

Fernández afronta "ilusionado" esta nueva etapa (en la anterior ha ejercido de portavoz de la asociación) y asegura que pronto se comprobará, en las primeras decisiones que tome su nuevo equipo, que el "ADN reivindicativo de AUGC seguirá siendo su seña de identidad".

"Lograr un derecho de sindicación responsable, la equiparación total -salarial y profesional- y un nuevo modelo policial donde no se aplique la jurisdicción militar a ningún funcionario policial", serán los objetivos prioritarios en estos próximos cuatro años. Porque, recuerda, existen países, sobre todo anglosajones y del norte de Europa, donde "no hay militarización de la seguridad pública y son policías eficaces".

Fernández resume así sus propuestas: "lo verdaderamente importante es alcanzar un modelo de seguridad pública que sea eficaz y eficiente, que garantice la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia; y esto ha de conjugarse con la dignidad profesional y económica para los integrantes de los diferentes cuerpos, sin policías de primera y de segunda".

Acabar con los anacronismos

Según afirma, en la Guardia Civil "aún perviven anacronismos como la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz, que en la práctica supone que un agente pueda acabar ingresando en una prisión militar por algo que en otro cuerpo policial se zanjaría con una simple sanción administrativa. Esto no es de recibo ni tiene justificación alguna en pleno siglo XXI".

En definitiva, su objetivo es conseguir "modificar el status quo por el que los guardias civiles, a día de hoy, siguen siendo ciudadanos uniformados limitados o, incluso, excluidos de derechos fundamentales".

AUGC propondrá a la directora avances en la jornada laboral para que un guardia civil "deje de ser el funcionario policial que más horas trabaja al año y que peores retribuciones percibe", turnos de servicio que permitan la plena conciliación y la reforma de la norma que regula los incentivos económicos.

Es "vital acabar con la disfunción salarial entre policías que realizan las mismas funciones", enfatiza Fernández antes de poner este ejemplo: mientras un guardia civil percibe por trabajar de noche 0,71 céntimos por hora trabajada (5,68 euros el total del turno) o 1,43 euros si es en horario festivo, en otros cuerpos los agentes cobran una media de 36 euros por hora.

Un nuevo modelo

Opina Fernández que la reconstrucción social y económica que ha comenzado a abordarse en el Congreso de los Diputados "no puede dejar de lado" el papel que ha jugado la seguridad pública en la defensa de los derechos de los ciudadanos y las libertades en España bajo la declaración del estado de alarma.

El debate sobre el modelo de seguridad pública es, por tanto, una necesidad y, de hecho, los nuevos métodos utilizados por el crimen organizado, la ciberdelincuencia o la seguridad en la España vaciada son problemas que "antes o después tendrán que ser abordados".

Fernández se ciñe al ámbito de la Guardia Civil y ve "urgente" una nueva redistribución operativa para lograr un mayor potencial de servicio. Dice que el 28 % de las instalaciones del cuerpo tiene más de 50 años, el 52 % entre 20 y 50 años y el 16 % menos de 20 años. Las más antiguas se ubican precisamente en las zonas rurales. "Esto en la práctica se traduce en cuarteles vacíos que no cumplen su función", subraya Fernández.

Un ciudadano en Madrid, por ejemplo, podrá renovar su permiso de armas, pero no su DNI. Todo depende de la competencia que tenga cada cuerpo policial, concluye.