En España hay un 17% de abandono escolar y un índice de repeticiones que dobla el de los países de nuestro entorno, con un 29% frente al 11%. Son piedras en el zapato para los ministros de Educación que se han sucedido en el tiempo, también para Isabel Celaá, que batalla para sacar adelante su ley, no exenta de polémica y atacada especialmente por el PP y Vox. En una entrevista publicada este martes en el Huffington Post, defiende que su objetivo es conseguir una "escolarización equilibrada" entre la escuela pública y la concertada, sin que se mire el origen ni las circunstancias de los alumnos.

"Lo que no puede ser es que sólo unos centros sostenidos con fondos públicos, es decir la educación pública, tengan que asumir todo lo que significa un mayor esfuerzo para el sistema educativo", explica Isabel Celaá. "Se tienen que asumir las mismas obligaciones en relación a la escolarización de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales", desgrana la ministra.

"La educación debe ser un ascensor social"

Celaá defiende que su objetivo máximo es la equidad y para ello "hemos de poner todos los refuerzos del sistema al servicio del desarrollo de todos los talentos de los alumnos al margen de sus condicionamiento de origen". Es decir, la educación debe llegar a ser un ascensor social, en el que los orígenes socioeconómicos no sean una barrera.

Ante las críticas vertidas desde la educación concertada, la ministra defiende que no han entendido las ventajas “para todos” de la reforma que ella plantea, "en términos de transparencia y de mayor democraticidad, lo que significa más capacidad para ejercer la libertad. A todas las familias, a los de la concertada también porque van a poder seguir eligiendo. Una de las cuestiones que recoge la ley es la libertad de enseñanza, que es libertad para elegir centro".

"La derecha no habla de Educación, sino de bloqueo político"

Frente a las críticas políticas, especialmente desde el PP y Vox, Celaá critica que “no han hablado de educación” durante toda la tramitación de su ley. “Es triste que utilicen la educación para el bloqueo político e ir contra el Gobierno”.

"La derecha ya se opuso al proyecto de ley y afirmó que iba a interponer una enmienda de totalidad antes incluso de que fuera publicado en el boletín de las Cortes. A uno le orienta para concluir que efectivamente es una adversidad de tono estrictamente político. Es decir, es la utilización, y esto es lo triste, de la educación para el intercambio político, el bloqueo político e ir contra el Gobierno. Utilizar la educación como herramienta de controversia política es lo que es verdaderamente triste de constatar, es triste. Es una pena, pero durante todo el recorrido la derecha no ha hablado de educación. Ha hablado de supuesto ataque a la concertada, de lenguas y de educación especial, pero no de Educación". 

"La propaganda política de Ayuso"

Uno de los puntos más cuestionados de la ley es que el español deje de ser una lengua vehicular y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá que en su región esto se cumpla. "Que en una comunidad que no tiene lengua cooficial, como es Madrid, que se diga que se va a hablar en castellano para contradecir la ley no deja de ser más que una propaganda política sin contenido que se vuelve contra quien la profiere", afirma la ministra.

Los colegios deben seguir abiertos

Sobre el curso de la pandemia y la posibilidad de volver a cerrar los colegios, Isabel Celaá apuesta porque sigan abiertos y recuerda que el primer trimestre acabó sin que se llegara a un 0,5% de aulas en cuarentena.

"Hemos apostado por la presencialidad con toda rotundidad, creemos que la presencialidad es insustituible y que sus beneficios son muy superiores a lo que significa cualquier otro riesgo. Pero evidentemente todo esto se mira con la cautela necesaria", explica.