En los últimos tiempos, los alquileres vacacionales no sólo se han convertido un problema de calado en materia de vivienda y por el notable incremento de los precios, sino que también en un riesgo que ha incrementado los fraudes en este mercado. Según datos recogidos por el Ministerio del Interior y difundidos por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid, en 2023 las estafas sobre los pisos turísticos aumentaron un 4%, en números totales, en 1.617.
De esta manera, fueron Andalucía (671) y la Comunidad Valenciana (235) las que más fraudes en torno a viviendas vacacionales acumularon, un 56% del total del país.
Entre los consejos para evitar caer en estos fraudes, más aún en la época de verano que ahora empieza a denotarse especialmente en zonas costeras, se recomienda detectar perfiles falsos y enlaces sospechosos, así como realizar comunicaciones entre los pagos a través de la web de referencia, empleando siempre un método seguro y desconfiando si el propietario o empresa reclama una reserva por adelantado.
La entidad inmobiliaria que ha facilitado estos datos más que relevantes también señala que el escenario de prácticas fraudulentas en el mundo de la vivienda muestra la oportunidad perdida que podría haberse incluido en la Ley de Vivienda estatal para la regulación de la actividad inmobiliaria, en la cual se ha “dejado fuera a los profesionales que intervienen en las operaciones, lo que está generando falta de garantías y de inseguridad jurídica que perjudica a los consumidores y usuarios”.
El Supremo lo valora como estafa agravada
A colación con estas circunstancias, viene siendo necesario remarcar que este miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena en calidad de estafa agravada a una persona que publicó una oferta falsa online sobre una vivienda que no era de su propiedad y a un precio más barato para atraer así posibles inquilinos.
El Alto Tribunal ha mantenido así una condena de año y medio de prisión con una sanción económica adicional de 2.700 euros. Tal y como reflejan las recomendaciones para evitar un fraude de tal calibre, la sentencia da cuenta de que la víctima se interesó por el inmueble, hizo una transferencia y percibió el engaño.
En términos generales, el Supremo refleja que este caso, atribuible a una retahíla de ejemplos de similares características, los autores de la estafa aprovechan la necesidad de los usuarios por encontrar una vivienda asequible y en el contexto del alza de precios. “Es reprochable desde el punto de vista penal la realización de ofertas en internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene en alquiler la persona que lo ofrece, ni tiene disponibilidad sobre el mismo”, sostiene la sentencia.
No únicamente desde el plano económico, sino que el Alto Tribunal hace énfasis en el perjuicio “moral y psicológico” de las víctimas ante la preocupante situación de encontrar un inmueble para vivir, siendo así objetivos fáciles para los estafadores.
Los alquileres turísticos se disparan en un 80% en España
Tal y como reflejan los datos del Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, entre 2010 y 2018, los alojamientos vacacionales se dispararon en un 80%. En la misma dirección, los números que reflejó al respecto el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaron que en el pasado mes de febrero hubo 351.389 pisos turísticos en España, es decir, 1,7 millones plazas turísticas, un incremento del 13,3% con respecto al ejercicio anterior.
Sobre estas cifras, y como consecuencia negativa, el parque de vivienda para los residentes se redujo en un 30%, socavando aún más el acceso a la vivienda con un alza del 12% en los precios.
Un escenario que se ha traducido en sendas manifestaciones ciudadanas a pie de calle. Ejemplo de ello, las recientes movilizaciones en Baleares y Canarias en los pasados meses de mayo y ahora en junio antes de dar comienzo la temporada estival.
De la misma manera, y a nivel autonómico, la situación es dispar, pero cabe destacar que, en Valencia y Palma de Mallorca, al menos en términos municipales, aprobaron sendas medidas para suspender la tramitación y concesión de licencias para pisos turísticos, una decisión que también emuló recientemente Barcelona. A la contra, fijando la mirada en Madrid, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida reconoció más de 13.000 de estas viviendas como ilegales, lo que es sinónimo de que tan sólo el 1% cumplen con la legalidad en la capital.
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