El cantautor Joaquín Sabina ha perdido el recurso que interpuso contra la resolución de Hacienda en la que le reclamaba 2,5 millones de euros. Según el organismo público, no realizó correctamente la declaración de sus derechos de autor durante tres años seguidos.

El Tribunal Económico Administrativo de Madrid ya había rechazado en primera instancia la reclamación de Sabina por la inspección de Hacienda que le sancionó por sus declaraciones de la renta de los años 2008, 2009 y 2010. Entonces fue cuando el cantante continuó la vía judicial para reclamar al Tribunal Económico Administrativo Central y este sentenció en la misma línea, lo que finalmente ha confirmado la Audiencia Nacional el 13 de abril solventando la causa en favor de Hacienda.

Con la publicación de las anteriores sentencias, el agente de Joaquín Sabina comentó que no iba a entrar en valoraciones sobre las causas judiciales con el erario. Para esta última resolución, la Audiencia Nacional ha investigado al artista y sus relaciones con tres sociedades de las que también forman parte algunos miembros de su familia: El pan de mis niñas, Relatores y Ultramarinos finos. En concreto, estas empresas tienen en su haber un velero, libros antiguos, dos inmuebles en Madrid y uno en el municipio gaditano de Rota y, principalmente, gestionan sus derechos de autor.

Las inspecciones de Hacienda siempre han puesto el foco sobre personas con gran patrimonio que se sirven de sus empresas para pagar menos impuestos, aunque el tipo general del Impuesto sobre Sociedades apenas es del 25% y en el IRPF las rentas altas no llegan a pagar un 45% de sus ingresos. Sin embargo, la Agencia Tributaria mantiene un criterio, avalado por los tribunales, por el que acepta la utilización de estas sociedades para llevar a cabo esta estrategia fiscal siempre que tengan medios y realicen las operaciones a precio de mercado. En el caso de Joaquín Sabina, la sentencia de la Audiencia Nacional sostiene que “el demandante había cedido a las empresas Relatores y El pan de mis niñas los derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna, según sus declaraciones tributarias”.

Durante los tres años investigados por Hacienda, las empresas en cuestión del cantautor declararon ingresos por 2,25 millones, 2,74 millones y 7,58 millones euros. La última sentencia manifiesta que todos los ingresos procedían de las actividades de Sabina, como “realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos” o ”colaboraciones en prensa” y de la cesión gratuita de sus derechos de autor a sus propias sociedades. La Audiencia Nacional ha concluido que estas actividades ofrecen un “servicio personalísimo” al mismo Joaquín Sabina, un término que los tribunales emplean habitualmente cuando falla en favor de Hacienda, y que sus empresas solo son un instrumento para esquivar el pago de impuestos.