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Sociedad

Los grandes problemas de accesibilidad en los bloques de pisos españoles: más de la mitad siguen sin ascensor mientras la población envejece

Las personas mayores y con movilidad reducida se enfrentan a mayores dificultades para acceder a sus viviendas debido a la falta de esta instalación, presente únicamente en el 48,9%

Bloques de pisos sin ascensor que han instalado este mecanismo en su fachada exterior. Ascensores Excelsior

Bloques de pisos sin ascensor que han instalado este mecanismo en su fachada exterior. Ascensores Excelsior

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Subir y bajar escaleras para entrar o salir de casa puede convertirse en un obstáculo diario para miles de personas mayores o con movilidad reducida. La ausencia de ascensor en un edificio limita su autonomía, dificulta actividades tan cotidianas como salir a la calle y puede llegar a condicionar su permanencia en la propia vivienda. Una barrera arquitectónica que sigue muy presente en España, ya que más de la mitad de los pisos del país carece de esta instalación, según un análisis elaborado por Pisos.com.

En concreto, solo el 48,9% de los inmuebles analizados dispone de ascensor, frente al 51,1% que no cuenta con él. Unas cifras que ponen de manifiesto las carencias de accesibilidad de una parte importante del parque residencial español, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el incremento de las necesidades de adaptación de los edificios.

La problemática va más allá de las dificultades que encuentran las personas con problemas de movilidad. La ausencia de ascensor también puede condicionar las decisiones de compra y limitar el número de personas que pueden acceder a determinadas viviendas. Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, considera que la accesibilidad debe adquirir un mayor protagonismo en el análisis del parque inmobiliario, ya que esta infraestructura mejora la habitabilidad y permite que más residentes utilicen sus hogares con autonomía.

Diferencias de accesibilidad entre comunidades autónomas

El estudio también refleja importantes desigualdades territoriales. Navarra encabeza la clasificación autonómica, con un 67,4% de pisos que disponen de ascensor, seguida del País Vasco, con un 66%. En el extremo opuesto aparece la Región de Murcia, donde únicamente el 38,8% de las viviendas analizadas cuenta con esta instalación. Canarias también presenta una proporción reducida, del 41,5%. Por su parte, la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media nacional, con un 52,4%.

Las diferencias se acentúan al observar los datos provinciales. Álava lidera el listado, con un 69% de viviendas con ascensor, seguida de Navarra (67,4%) y Valladolid (66,5%). En el extremo contrario se encuentra Teruel, donde apenas el 24,7% de los pisos dispone de esta instalación, seguida de Palencia (31,8%) y Las Palmas (33,1%).

San Sebastián y Ciudad Real superan el 80%

El análisis de las capitales de provincia sitúa a San Sebastián en primera posición, con un 82,4% de pisos con ascensor. Ciudad Real registra una proporción muy similar, del 82%, mientras que Pamplona alcanza el 78,7%. En cambio, Huesca presenta uno de los porcentajes más reducidos, con un 38,9%.

Entre las principales ciudades, Madrid alcanza el 55,1%, Barcelona el 50,9% y Valencia el 61,8%. Para Font, la rehabilitación de los edificios existentes será fundamental para evitar que sus características constructivas limiten las posibilidades de acceso a una vivienda y garantizar que el parque residencial pueda responder a las necesidades futuras.

Las ayudas públicas y las alternativas para instalar ascensores en edificios antiguos

Abordar esta problemática puede hacerse con distintas variables, aunque según los cada caso puede ser más o menos complicado. El ascensor no es la única opción, ya que las comunidades pueden instalar rampas, plataformas elevadoras, salvaescaleras o adaptar el portal para eliminar escalones. Eso sí, como se mencionaba, la solución depende del edificio y de las necesidades de sus residentes, así como también de sus capacidades económicas

La Ley de Propiedad Horizontal establece que determinadas obras son obligatorias cuando las solicita un propietario en cuya vivienda vive o trabaja una persona con discapacidad o mayor de 70 años. Se aplica si el coste anual repercutido, descontadas las ayudas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. La reforma de la Ley 4/2026, en vigor desde el 23 de octubre, permite ampliar el plazo de pago si la comunidad recurre a financiación y obliga a solicitar las subvenciones disponibles que aporte el interesado. Si las ayudas concedidas cubren al menos el 70% de la obra, su ejecución es obligatoria. Si no se alcanza ese porcentaje o se supera el límite económico, el solicitante puede asumir el exceso. Fuera de esos supuestos, el ascensor puede aprobarse por mayoría de propietarios que represente la mayoría de las cuotas.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye ayudas para instalar ascensores, rampas y otros dispositivos. En edificios, la subvención puede cubrir hasta el 70% del coste —el 80% si reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad reconocida de al menos el 33%—, con un límite general de 13.000 euros por vivienda y cuantías superiores en determinados casos. La gestión corresponde a las comunidades autónomas, que deben publicar sus convocatorias. En Madrid capital, el Plan Rehabilita 2026 incluyó una línea para ascensores, rampas y plataformas, pero el plazo de solicitud ya está cerrado.

El desembolso varía según el bloque. Las estimaciones de Habitissimo sitúan la instalación de un ascensor comunitario entre 30.000 y 50.000 euros; si no hay hueco aprovechable en la escalera, puede elevarse a 80.000-140.000 euros. En fachada, el presupuesto puede alcanzar los 150.000 euros. El coste se reparte entre los propietarios conforme a las reglas de la comunidad, por lo que las ayudas pueden reducir la derrama.

También existen obstáculos técnicos y urbanísticos. En edificios estrechos puede faltar espacio en la escalera; en otros hay que ocupar patios, modificar estructuras o levantar una torre exterior. En Madrid, si esta última opción invade una acera o zona pública, debe acreditarse que es la única solución técnica o económicamente viable. La protección patrimonial, las redes de servicios y la ventilación de los patios pueden condicionar el proyecto.

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