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El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de España, una situación que se ha agravado con el paso de los años y que ha alcanzado uno de sus momentos de mayor tensión social durante los últimos meses. El desahucio de Maricarmen desencadenó una ola de protestas que llevó a cientos de personas a instalar tiendas de campaña en distintos puntos del país y en elq ue el de la pPuesrta del SOl llegó adurar 38 días, en un clima de movilización que también estuvo marcado por la convocatoria de una huelga general el 11 de nvoivmbre y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.
En este contexto, las perspectivas del mercado inmobiliario tampoco invitan al optimismo. La escasez de viviendas terminadas continúa presionando los precios, tanto de obra nueva como de segunda mano, con subidas interanuales que han llegado a alcanzar el 15%. Según la XXIV edición del Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), los expertos descartan una estabilización a corto plazo y sitúan en 2028 el horizonte para una posible normalización del mercado de segunda mano, lo que anticipa nuevas dificultades para quienes buscan comprar una vivienda.
El informe advierte de que el reequilibrio no llegará a través de una bajada generalizada de los precios, sino mediante un ajuste condicionado por las dificultades económicas de las familias para acceder a una vivienda. El estudio cuenta con la colaboración de la profesora Paloma Taltavull y un panel de 13 expertos, entre los que figuran socios de la AEV y otros reconocidos economistas.
El estudio pone de manifiesto una importante diferencia entre la evolución de la economía y la del sector inmobiliario. Mientras la economía española crece a un ritmo del 2,5%, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción ha moderado su avance al 3% y la producción real continúa estancada en unas 8.000 viviendas terminadas al mes, frente a las aproximadamente 12.000 que se inician.
Esta limitada oferta se enfrenta a un desequilibrio que se arrastra desde 2022, cuando la creación de nuevos hogares comenzó a superar ampliamente la construcción de viviendas. Actualmente, se estima que se forman unos 250.000 hogares al año, una cifra que triplica con creces las aproximadamente 94.000 viviendas libres terminadas en 2025.
Ante este déficit de más de 150.000 viviendas anuales, todos los expertos consultados coinciden en que la demanda absorbe prácticamente de inmediato los inmuebles disponibles. Esta situación ha provocado que la vivienda nueva y la usada funcionen como alternativas prácticamente equivalentes, de manera que los compradores adquieren lo que encuentran en el mercado, independientemente de su antigüedad.
Como los modelos no contemplan un techo en el crecimiento de los precios antes de 2028, los especialistas consideran que el ajuste llegará principalmente por el lado de la demanda. Esto podría traducirse en menos compraventas, mayores dificultades para emanciparse, viviendas de menor superficie y un desplazamiento de los compradores hacia municipios periféricos o provincias secundarias bien conectadas con los principales centros de empleo.
El alquiler modera sus subidas, pero sigue siendo inaccesible para muchas familias
El ritmo de encarecimiento de los alquileres se ha moderado hasta situarse por debajo del 8% a nivel nacional. Sin embargo, el 50% de los expertos internos y la totalidad de los externos rechazan que esta desaceleración responda a una adaptación natural de los precios a la capacidad económica de los inquilinos.
Según el panel, incrementos cercanos al 8% continúan muy por encima de la evolución de los salarios, lo que obliga a numerosos hogares a buscar alternativas como el alquiler de habitaciones, compartir vivienda o asumir un esfuerzo económico que puede alcanzar el 40% de sus ingresos.
Por su parte, la actividad inmobiliaria mantiene una rotación cercana al 3% del parque residencial, con más de 179.000 operaciones durante el primer trimestre de 2026. No obstante, el 64% de los expertos internos y el 50% de los externos advierten de que no es sostenible mantener este ritmo de actividad dependiendo principalmente de la vivienda usada.
El problema, según explican, es que estas operaciones no incrementan el número total de viviendas disponibles, sino que trasladan la propiedad de unos compradores a otros, contribuyendo a mantener la presión sobre los precios en las zonas con mayor demanda.
Por otra parte, las transmisiones patrimoniales por herencia representan ya el 20% del total de derechos de propiedad transmitidos. Pese a ello, todos los expertos coinciden en que las viviendas heredadas tampoco pueden sustituir la necesidad de construir nuevos inmuebles.
Muchas de estas propiedades no llegan a ponerse a la venta porque se destinan al uso familiar, permanecen bloqueadas por situaciones de copropiedad o necesitan importantes reformas. A esto se suma un problema de distribución territorial, ya que suelen encontrarse en municipios envejecidos, alejados de las grandes ciudades donde se concentra la demanda de nuevos hogares.
El encarecimiento de las hipotecas y la falta de oferta agravan las dificultades para comprar vivienda
El informe también identifica un cambio en el perfil de los compradores internacionales. Mientras disminuyen las adquisiciones realizadas por extranjeros no residentes, crecen con fuerza las compras de ciudadanos extranjeros que viven en España, vinculados en muchos casos al teletrabajo y a salarios más elevados.
El 64% de los asociados de la AEV y el 100% de los expertos externos consideran que esta presencia se ha convertido en un factor estructural del mercado, llegando a superar el 30% de las operaciones en territorios como Baleares y la Comunidad Valenciana.
En el apartado financiero, el informe señala que el crédito destinado a la construcción registró una caída del 2,18% en junio de 2026. Sin embargo, todos los expertos internos descartan que esta reducción sea el principal obstáculo para desarrollar nuevas promociones inmobiliarias. En su opinión, la escasez de suelo disponible para construir, los largos trámites administrativos y la falta de trabajadores especializados explican en mayor medida la insuficiencia de oferta residencial.
Mientras tanto, el importe medio de las hipotecas de las familias se aproxima a los 180.000 euros, superando el máximo histórico nominal registrado en 2007. Aunque, una vez descontada la inflación, el endeudamiento se sitúa un 25% por debajo de aquel nivel, el 55% de los expertos internos y la totalidad de los externos advierten de que esta diferencia no garantiza la estabilidad económica de los hogares.
El principal riesgo se concentra en las nuevas operaciones hipotecarias, donde el esfuerzo financiero alcanza aproximadamente el 38% de la renta disponible. Además, comprar una vivienda requiere actualmente 8,4 años de salario bruto, una situación que supera los umbrales de prudencia financiera en las principales áreas urbanas y costeras.




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