La comisaria principal Gemma Barroso será la nueva directora adjunta operativa (DAO) de la Policía Nacional de manera interina en sustitución de José Ángel González, que dimitió este martes por su imputación tras ser acusado de violar a una subordinada. Barroso, actualmente al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, fue la última jefa que tuvo la denunciante del comisario antes de cogerse la baja laboral, en la que continúa actualmente.
El nombramiento de Barroso como directora adjunta operativa interina se produce de forma paralela a que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, haya convocado de urgencia a los altos mandos del cuerpo tras el escándalo que ha acabado con la dimisión del ya ex DAO. Sobre Barroso cabe destacar que aparece citada brevemente en un apartado de la querella: "El día 24 de julio, coincidiendo con su destino a la Subdirección de Recursos Humanos y Formación en la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid (misma sede donde trabaja el querellado, sede de la Dirección General de la Policía), cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González". "Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella", agrega la denuncia.
Ahora bien, tras la dimisión de González, pese a que se ha colocado a Barroso como sustituta cumpliendo el protocolo que establece que debe ser el responsable de la Subdirección de Recursos Humanos quien asuma el puesto de forma temporal, se abre ahora un proceso cuyo siguiente paso es la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del cese del ex DAO y la convocatoria de una nueva plaza por parte de la Policía. Para poder acceder a esta plaza, los candidatos deberán reunir una serie de requisitos, entre los que figura que sean comisarios principales. En esta decisión será el director de la Policía Nacional y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes tengan la última palabra.
Interior investiga presiones a la víctima para evitar la denuncia
Por el momento, el Ministerio del Interior, después de recibir la denuncia, se encuentra investigando la posible implicación de otro comisario, Óscar San Juan, que, presuntamente, habría coaccionado a la víctima para evitar que denunciara a su superior, conocido como “Jota”.
Este comisario se encontraba en la comida del 23 de abril junto al ex DAO, a quien se le sitúa como persona de máxima confianza. Según la querella, habría sido él quien presuntamente coaccionó a la víctima para que no denunciara los hechos. Tres meses después de la supuesta violación, el 7 de julio, y mientras la agente se encontraba de baja, recibió hasta cinco llamadas desde el teléfono personal del comisario, que no atendió. Días más tarde, la víctima respondió a otra llamada en la que, según el relato de la querella, el mando le habría instado a elegir un nuevo destino profesional, indicándole que le comunicara su decisión por WhatsApp.
Sin embargo, la agente rechazó la propuesta y advirtió de que lo ocurrido tendría “las consecuencias procedentes”. Ante ello, el comisario aseguró desconocer a qué se refería y sostuvo que solo pretendía conocer sus intereses. La conversación concluyó cuando la denunciante le espetó: “Tú me llamas porque él (el DAO) te ha dicho que me llames”.
Cabe señalar que la denunciante conserva un audio de esa conversación telefónica que interpreta como un intento de coacción, en el que se le habría ofrecido una compensación laboral a cambio de su silencio. Según ha señalado, la grabación será aportada como “prueba documental fundamental” cuando el juzgado establezca el momento oportuno para su cotejo.
Asimismo, la agente acusa al comisario principal González de haber utilizado a un subordinado directo con el objetivo de evitar la denuncia y contener el impacto público que podría derivarse de la presentación de la querella.