El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, edición la de este 2021 marcada por el fuerte impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en este colectivo. Las residencias de ancianos han demostrado estar bajo un sistema imperfecto y con muchas deficiencias que han agravado las consecuencias de la pandemia y han provocado el fallecimiento de un gran número de residentes. Por eso, los familiares de ancianos en residencias, agrupados en las organizaciones Pladigmare y LaPlataforma, así como UDP de Madrid (Asociación provincial de mayores y pensionistas), han promovido un manifiesto en el que piden un compromiso real con los mayores.

“No podemos seguir tolerando la vulneración de los derechos constitucionales de los residentes, es impropia de un Estado democrático; no se pueden limitar más que a cualquier otro ciudadano el derecho a las visitas y reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas y a la libre circulación”, rezan, añadiendo que todos los días se vulneran “el derecho de reunión de los residentes y sus familias, así como el derecho de asociación y cualquier mínima posibilidad de desarrollo de comités de representación en algunas normativas”.

Es por ello por lo que exigen la restitución de sus derechos, el fin de las limitaciones, que consideran absurdas después de más de medio año vacunados, y que “no les protegen, ya que les condenan al abandono y a la soledad”. Ello afecta notablemente a su estado emocional y físico.

En el manifiesto, LaPlataforma señala que los derechos son para toda la vida, también en las residencias. Sin embargo, esto no se está cumpliendo en la actualidad por las restricciones de visitas y de reunión de sus residentes. “Los derechos fundamentales no se pierden por el transcurso de los años, por eso no se pueden limitar más que a cualquier otro ciudadano el derecho a las visitas y reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas y a la libre circulación. A personas que por sus condiciones se encuentran encamadas en las habitaciones, no se les puede privar del contacto con los suyos porque es enterrarlos en vida".

“Basta ya”

Esta situación lleva meses siendo denunciada por las asociaciones y los propios familiares. “Los residentes son prisioneros, sin delito ni condena”, remarcan, comentando que las vulneraciones de sus derechos y libertades fundamentales se siguen produciendo a día de hoy y también hacen hincapié en que el 86,9% de las plazas residenciales en el país están gestionadas por la iniciativa privada, lo que empeora la calidad de los servicios y cuidados. Esto también provoca que los Gobierno autonómicos no se enteren de lo que realmente pasa en los geriátricos y que, en la peor situación, sean cómplices de estas medidas vulneradoras de derechos.

Además, aseguran que estos planteamientos les obligan a ser sacrificados y condenados a morir por el hecho de ser mayores, poniendo como claro ejemplo lo ocurrido con la gestión de la pandemia. “No solo ha salido a la luz la criminal falta de atención que asoló a las personas de edad en las residencias, sino la constatación de que se les sacrificó, se les condenó a morir por el hecho de ser mayores, desentendiéndose de su salud cuando más lo necesitaban, por parte de muchas autoridades sanitarias y políticas de las comunidades autónomas”.

“Es el momento del cambio de modelo: ahora o nunca. Pedimos al Gobierno central que tanto las partidas presupuestarias, como las destinadas al Plan de Choque en Dependencia y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los cuidados de larga duración se condicionen a la hora de su distribución, a cambiar radicalmente el modelo residencial, a la mejora de la instalaciones e infraestructuras, a incrementar las ratios, la formación y la remuneración de los y las trabajadoras delsector".