El acuerdo del PP con Vox en el Ayuntamiento de Madrid por el que los profesionales de servicios sociales y sanidad tienen la obligación de informar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, de un inexistente Síndrome post-aborto que puede generarles problemas de salud en el futuro, no solo ha puesto el debate sobre este derecho sobre la mesa a nivel nacional, sino que ha generado una ola de indignación entre cientos de colectivos de la Comunidad de Madrid.
Es el caso de la Federación de Asociaciones de Mujeres de esta región (FAMCM), desde la que aseguran sentirse "contrariadas". Esta agrupación lamenta que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida haya dado luz verde al empleo de "propaganda engañosa y manipulada" y el uso de "bulos sobre los perjuicios futuros" de someterse a un aborto.
Por ello, han redactado una carta que le han hecho llegar al primer edil, en la que le instan a hacer una revisión de oficio de ese pacto en el próximo pleno del Consistorio, con el fin de que sea revocado. Del mismo modo, le solicitan una reunión con el fin de exponer las aportaciones sociales de la federación en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Razones para su nulidad
La Federación subraya que, aunque la proposición fue aprobada en el Pleno, "adolece de vicios de nulidad de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".
Por otro lado, indica que "vulnera el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, derecho fundamental que reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, consagrando el principio de veracidad como garantía jurídica y prohibiendo por tanto la desinformación o información engañosa".
El acuerdo sobre el aborto del Ayuntamiento de Madrid, recuerda la carta de la FAMCM, tampoco respeta el principio de jerarquía normativa, y contradice varias leyes: la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, exigen a Almeida que proceda a instar la nulidad del acuerdo, a través del Artículo 106 de la Ley 39/2015, que faculta a las administraciones públicas para revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho.
