En la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha celebrado este jueves el juicio contra dos jóvenes acusados de la presunta violación a una chica durante una noche de febrero del año pasado en la discoteca Miracle, en Mataró. La víctima ha relatado que, aunque inicialmente consintió en mantener relaciones sexuales, en un momento determinado pidió detenerse, expresando su negativa "entre dos y tres veces" y empujando a uno de los acusados.
La joven describió una situación de coacción, donde uno de los acusados la presionaba sobre los hombros, impidiéndole la movilidad. Un intento de intervención por parte de una camarera, quien golpeó la puerta, se convirtió en una escapatoria para ella. Sin embargo, los acusados han negado las acusaciones, sosteniendo que el acto fue consensuado durante todo el tiempo y que no percibieron malestar por parte de la chica.
La fiscalía pide 15 años de cárcel
Por otro lado, la camarera que intentó acceder al baño relató que al abrir la puerta vio a la chica en una posición vulnerable, lo que la llevó a llamar a seguridad. Una amiga de la víctima también aportó su testimonio, indicando que encontró a la joven visiblemente afectada y confirmando que la situación no fue consensuada. La afectada, tras el incidente, tuvo que recibir atención psicológica y abandonar su empleo debido al impacto emocional sufrido, caracterizado por insomnio y pesadillas recurrentes.
Los expertos han debatido sobre la coherencia y persistencia del relato de la joven, mientras que la defensa cuestionó la falta de pruebas psicométricas que validen la veracidad de su testimonio. A pesar de estos argumentos, la fiscalía ha destacado la consistencia en las declaraciones de la víctima a lo largo del proceso judicial, subrayando que no ha habido contradicciones significativas que desacrediten su versión de los hechos.
La fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados una pena de 15 años de cárcel, así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por un periodo de 10 años tras la condena, y una compensación de 30.000 euros por daños morales. Por su parte, la acusación particular ha propuesto aumentar la indemnización a 40.000 euros, mientras que la defensa ha pedido la absolución de los acusados, argumentando dilaciones indebidas en el proceso judicial y falta de pruebas concluyentes.