Este martes salía a la luz la denuncia que dos ex trabajadoras pusieron al cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, ante el análisis que está llevando a cabo la Fiscalía, se conoce que el cantante podría ser investigado por delitos relacionados con la explotación laboral, la trata de seres humanos o organización de un grupo criminal, además de por violencia sexual. Todos estos delitos de gravedad se extraen de las declaraciones de las denunciantes y supondrían una condena penal al artista.
La noticia que avanzó elDiario.es basada en una investigación propia, daba a conocer que dos mujeres que trabajaban en las mansiones de Julio Iglesias de República Dominicana y Bahamas durante 2021 sufrieron una serie de abusos en un contexto de control e intimidación.
De primeras, la denuncia de las empleadas refleja un caso de trata de seres humanos cuyos fines impositivos derivarían a la ejecución de servicios forzados, este tipo de delito atraería una condena de entre cinco y ocho años de prisión. No obstante, este no sería el único delito al que las mujeres podrían concurrir ya que ambas sufrieron riesgos físicos por lo que, debido a su situación de vulnerabilidad, podrían presentar un delito de peligro para integridad física.
A su vez, y tal y como refleja el Código Penal de España, también existiría un caso de grupo criminal, ya que como retratan las denunciantes en su relato, en ambas de las casas el artista contaba con dos colaboradoras.
Según releja la denuncia, las abogadas explican que “se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata”, el primero sería la conducta típica donde la captación, traslado y alojamiento en el domicilio del empleador acaban agravando el aislamiento y explotación. Por otro lado, están los medios comisivos que se tratan de elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad y por último señalan la finalidad que se persigue que es el elemento subjetivo.
Tal y como relatan las abogadas en la denuncia, el delito por trata de personas no se habría realizado individualmente, sino que formaría un concurso con otros cuantos delitos entre los que se encontraría varios contra la libertad y la indemnidad sexual según el Código Penal de 2021, situándose en un contexto previo a la ley de libertad sexual —medida que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual—. A raíz de este punto es donde las letradas consideran que se llevaron a cabo un conjunto de delitos de agresión sexual que por el momento necesitaban con la presencia de violencia o intimidación y que derivaría a una condena de 12 años de cárcel si hubiera habido penetraciones.
Asimismo, en la denuncia también figura que la intimidación se pudo llevar en un ambiente coaccionario donde el miedo condicionaría la libertad de las empleadas sin requerimiento de amenazas directas.
De igual forma, el texto menciona los posibles delitos de acoso sexual que han llegado a sufrir las trabajadoras, y es que como apuntan las abogadas, las “propuestas de favores sexuales, así como comentarios humillantes de índole sexual” derivarían en este tipo de casos. Normalmente, este tipo de delitos acarrean una pena de hasta cinco meses de cárcel, a pesar de ello, si el caso implica favores de naturaleza sexual ya sea para la persona misma o un tercero, la condena ascendería hasta 10 meses.
Cabe tener en cuenta que en un contexto laboral como el de las denunciantes, estas estarían bajo una situación intimidatoria y hostil, y según expresan en su relato, dichos actos no fueron consentidos provocándoles una serie de lesiones físicas visibles, como moretones y mordeduras. Estos hechos serían un claro ejemplo de un delito de lesiones físicas que contaría con 3 años de cárcel máximo en los casos más graves.
Por último, sumado a todos los delitos mencionados, también estarían presentes los delitos contra los derechos de los trabajadores. Las conductas abusivas de artistas pueden llegar a ser castigadas con una pena de prisión que oscila de entre los seis meses a los seis años o con muta dependiendo de la gravedad del supuesto. “La presunta vulneración reiterada de normas en materia laboral y de seguridad social”, junto con la inexistencia de contrato y las imposiciones laborales, entre otras, son los hechos delictivos que presenta la denuncia al respecto.
Cómo se calculan las penas
La denuncia presentada contra Julio Iglesias por parte de dos mujeres enumera varios posibles delitos, en torno a media docena. Sin embargo, una parte relevante de ellos no se considerarían de manera independiente, sino bajo la figura del concurso de delitos, prevista para los casos en los que una conducta ilegal se produce de forma vinculada a otra. Esto tiene un efecto directo sobre una eventual condena: las penas de prisión no se acumulan de forma automática.
El Código Penal establece expresamente que, cuando dos infracciones se cometen en concurso, no puede hacerse una simple suma de castigos. En estos supuestos —ya sea concurso ideal o medial—, el criterio es tomar como referencia el delito más grave y aplicar la pena dentro del tramo más alto previsto para ese tipo penal. Por ejemplo, si una persona es condenada por estafa en concurso con falsedad documental, la condena se fija en la mitad superior de la pena correspondiente al delito más severo.
Este esquema encajaría en buena parte de los hechos que la denuncia atribuye al cantante. El presunto delito de trata se habría cometido en concurso con otros delitos de carácter sexual, como acoso, agresión y lesiones. De acuerdo con la práctica habitual recogida en resoluciones del Tribunal Supremo, es frecuente que en casos de proxenetismo se condene por trata en concurso con delitos vinculados a la prostitución, dado que no siempre son los mismos autores quienes ejecutan directamente las agresiones sexuales.
Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lleva varios días estudiando si este órgano sería competente para asumir una eventual investigación penal. Por el momento, ha acordado tomar declaración a las denunciantes en calidad de testigos protegidos.
En caso de que un juez decidiera abrir diligencias, también podría realizar una primera depuración del caso, delimitando qué delitos investiga, descartando algunos o reorganizando los planteados en la denuncia. Del mismo modo, si la Fiscalía opta por llevar el asunto ante los tribunales, podrá presentar su propia calificación jurídica de los hechos relatados por ambas mujeres.