La privatización de la seguridad en las cárceles españolas ha puesto en una situación de crisis a algunos centros después de que la empresa Ombuds, una de las adjudicatarias más beneficiadas por estos contratos, se haya declarado en concurso de acreedores.
En la actualidad, Ombuds se ocupa de la seguridad de siete prisiones en Madrid, seis en Castilla-La Mancha y una en Cáceres, aunque la empresa consiguió en un principio tres de los cuatro lotes contratados, el 78% del presupuesto total adjudicado por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2013.
No cobran sus nóminas ni las horas extraordinarias
Dada su situación concursal, los trabajadores de Ombuds no han podido cobrar sus nóminas y mantienen la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo y algunos han presentado bajas médicas en las últimas semanas. A esto hay que añadir que muchos de ellos no realizan las horas extraordinarias pactadas -una fórmula para disminuir costes laborales por parte de la empresa. Las plazas sin cubrir han generado una crisis de seguridad en las cárceles en las que prestan sus servicios.
La AUGC denuncia el despilfarro del Estado
Para solventar esta situación, se ha optado por cubrir esos puestos de trabajo por guardias civiles, que ven cómo se modifican sus jornadas habituales de trabajo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado, en un comunicado, que “el Estado abona los servicios a una empresa de seguridad privada para cometidos de seguridad, pero son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones”.
La asociación mayoritaria de guardias civiles recuerda que sucedió lo mismo con la crisis en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando “se recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados”.
Competencias relevantes de seguridad pública en manos privadas
“Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión”, añade la AUGC en su escrito.
La asociación de guardias civiles ha recordado que “lleva seis años reclamando que se anule el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios, que hasta la fecha ha supuesto el derroche innecesario de 210 millones de euros con el fin de aumentar los beneficios para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes favorecidos de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en OMBUDS”.
Guardias de la reserva podrían hacer este trabajo
La AUGC pide al Gobierno que rescinda los contratos con las empresas privadas y ofrece como solución que “el personal en situación de reserva se reincorpore en virtud del acuerdo para la equiparación salarial, y sea destinado a esos cometidos que ahora acaparan las empresas de seguridad privada, lo cual sin duda supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas”.
