La situación de la seguridad en las cárceles españolas tiene de cabeza a funcionarios de Prisiones y guardias civiles, que vienen reclamando desde hace tiempo más efectivos para garantizar el buen funcionamiento del día a día dentro de estos centros y en los perímetros exteriores, así como durante los traslados de reclusos.

El Gobierno de Rajoy apostó por la contratación de empresas privadas para mantener la seguridad en el perímetro exterior de las cárceles, un modelo que, a pesar de no ser satisfactorio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio continuidad al renovar las adjudicaciones, el verano pasado. Sin embargo, tres comunidades (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) se han quedado finalmente fuera por declararse desierto el concurso. La sobrecarga de trabajo recaerá en los guardias civiles, que ya han denunciado con anterioridad que no dan abasto.

"Se sobrecarga a los guardias"

El 1 de enero de 2020 los vigilantes de seguridad ya no prestarán servicio en los Centros Penitenciarios de las tres citadas comunidades autónomas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se queja de que en los últimos años han mermado las plantillas de agentes y funcionarios de prisiones como consecuencia de la implantación de la seguridad privada, y ahora se “sobrecarga” a los guardias, sin que la Secretaría de Estado de Seguridad haya buscado una solución.

Según cifras de la AUGC, en la Comunidad de Madrid sería necesaria la incorporación de casi 200 guardias civiles para poder hacer frente a los servicios “con unas mínimas condiciones de seguridad”. En Castilla-La Mancha se requeriría unos 160 agentes para garantizar la seguridad en siete prisiones, mientras que en el Centro Penitenciario de Cáceres sí están cubiertas las plazas, aunque el 10% de las mismas están ocupadas por personal comisionado, explica en un comunicado.

Crisis en el traslado de presos

La asociación denuncia que “los guardias civiles se verán sometidos a jornadas maratonianas de trabajo, con la problemática añadida de las numerosas conducciones de presos, penados y detenidos para los que son requeridos, para trasladar a los internos a juzgados, centros sanitarios, permisos, etcétera”.

La AUGC remitió, a principios de este mes, una queja al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo sobre la problemática de la custodia en traslados de reclusos para los que la Guardia Civil no da abasto. Sólo en la Comunidad de Madrid, más de 700 consultas médicas de presos programadas en los dos últimos años, así como otras muchas visitas a hospitales por urgencias no se han podido realizar por falta de personal.

Se vulneran derechos de presos y guardias

Según explica la asociación mayoritaria de guardias civiles, un número elevado de casos de esas urgencias exigía ser atendidos con carácter inmediato o en menos de dos horas, y no se han realizado o se ha obligado a los agentes a trabajar durante "jornadas maratonianas" para poder cubrirlas. La AUGC ha denunciado que se vulneran derechos humanos de los presos y los guardias.

En su queja ante el Parlamento Europeo, la asociación advierte de que por la falta de efectivos de la Guardia Civil que puedan realizar esta labor, presos con patologías cardíacas, respiratorias, renales o vasculares tendrán que ser trasladados a centros médicos por funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que "carecen de medios apropiados y no ostentan la condición de agente de la autoridad". De lo contrario, los reclusos tendrían que esperar, con el riesgo que representa para su vida, que los guardias civiles que realizan que realizan la conducción de presos queden liberados para darles el servicio.