El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha condenado al Colegio de Abogados de Cantabria con la retirada inmediata de un acuerdo de su Junta de Gobierno, en el que expresaba su rechazo a las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. El texto, publicado en la página web, arremetía contra la ley de amnistía a los condenados por el proceso separatista, vulnera “la libertad ideológica, de expresión y de asociación de los recurrentes”, según el juez.

El juzgado de Cantabria ha estimado el recurso que presentaron letrados en activo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria el pasado mes de noviembre, donde manifestaron públicamente su rechazo al documento pactado entre Partido Socialista y Junts per Catalunya para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Principalmente, arremetían contra la ley de amnistía, aprobada la semana pasada en el pleno el Congreso de los Diputados, y las referencias al lawfare suscritas por sendas formaciones.

“La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha adoptado el siguiente acuerdo”, reza el texto que permanecía en la página web del órgano colegial. Partiendo de un “absoluto respeto” a la acción política de los diferentes partidos en aras de conformar mayorías parlamentarias para la investidura, expresaron su “máxima preocupación” con el contenido del documento, pues consideran que “pone en cuestión la organización del estado y el sistema de división de poderes establecido” en la Constitución Española.

En el acuerdo, los miembros de la Junta de Gobierno del órgano colegial tachan de “inadmisible” que la propuesta contemple la “posibilidad de que se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados que desarrollan su trabajo con absoluta independencia y en estricto cumplimiento de las leyes emanadas del Poder Legislativo, solapando, de esta forma, el mandato del artículo 117.3 de la Constitución”, que atribuye a jueces y magistrados “potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.

Asimismo, tampoco consideran “admisible” que el acuerdo de investidura contemple la posibilidad de la “revisión de la labor de los Tribunales” e incluso que pueda “determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados al amparo del concepto lawfare o judicialización de la política”. Por ello, en condición de “Corporación de Derecho Público” y como “partícipes de la administración de justicia”, trasladan su confianza en el Estado de Derecho y el “compromiso” de la Abogacía con el marco constitucional, al tiempo que hacen un llamamiento a la “responsabilidad y al diálogo” de sus representantes para la consecución de la “concordia”, aunque siempre desde el máximo “respeto a la legalidad”.

Dictamen del tribunal

En una sentencia que se publicó este pasado miércoles, contra la cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada del Juzgado inadmite el recurso que presentaron los recurrentes que no ejercen la abogacía, pero sí estima el de quienes son miembros activos. Así, la magistrada sostiene que el documento es “de naturaleza estrictamente política” , por lo que la Junta de Gobierno del órgano colegial “realiza una toma de posición política pública y oficial sobre cuestiones muy controvertidas, fuera de la neutralidad que debe presidir su actuación”.

Supone, por tanto y siempre a ojos de la magistrada, una “vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación de los recurrentes, toda vez que dichos derechos y libertades no pueden ser ejercidos colectivamente por una corporación a la que es obligatoria su pertenencia “. Así, condena al Colegio a retirar el citado acuerdo de su página web y de sus perfiles en redes sociales, además de transmitir a todos los colegiados y a publicar en su web y redes el fallo de la sentencia y el pago de las costas, a cargo del órgano.

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