El Observatorio Social de "la Caixa" ha publicado el informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, en el que una decena de expertos, dirigidos por el exministro y economista Jordi Sevilla, analizan la situación social en nuestro país y averiguar si las ayudas existentes para lograr la redistribución de la riqueza están reduciendo la pobreza y la desigualdad. Las conclusiones del estudio son poco alentadoras. España ha experimentado en el último decenio un importante incremento de los niveles de desigualdad y ostenta el triste récord de ser el país de la Unión Europea (UE) donde más ha aumentado.
Tres de cada 10 menores viven por debajo del umbral de la pobreza y un 13% de los trabajadores están en riesgo de exclusión social
La crisis económica y las políticas de austeridad han generado un nuevo patrón de pobreza: hay más parados de larga duración que no consiguen reincorporarse al mercado laboral, un 26,6% de población en riesgo de pobreza o exlusión social, tres de cada diez menores de 16 años viven por debajo del umbral de la pobreza y un mercado laboral que condena a la exclusión al 13% de trabajadores.
Los expertos han identificado cuatro claves para entender la evolución de la desigualdad: desigualdad en el mercado de trabajo, desigualdad generacional, desigualdad fiscal y desigualdad generada por el cambio tecnológico.
Una renta básica universal contra la desigualdad
Según ha explicado Jordi Sevilla, que ha presentado el informe en CaixaForum Madrid junto Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, el informe recoge una propuesta concreta de renta básica universal que asegure un mínimo nivel de ingresos para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo.
Según datos de la Comisión Europea, España es, junto con Italia, el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan. El decil más pobre de renta recibe solamente el 4% de todas las transferencias monetarias del sector público. Además, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actualmente cuatro de cada diez personas desempleadas han agotado sus prestaciones y subsidios.
En el otro lado de la balanza está el 20% de la población más rica, que gana seis veces más que el 20% más pobre, unas cifras superiores al de la media de la OCDE, lo que demuestra, según los expertos que han elaborado este estudio, que las transferencias sociales en España tienen una orientación "relativamente ineficiente". El exministro Sevilla, responsable también del programa económico del del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 , apuntó a que "se han roto los mecanismos de redistribución de ricos a pobres y hay que hacer algo para corregirlo".
Una renta básica universal garantizaría un mínimo de ingresos para satisfacer las necesidades más básicas de todo el mundo. Sin embargo, los autores reconocen que no es de fácil aplicación, y que ningún Estado ha conseguido aplicarla hasta el momento por sus costes de financiación potencialmente elevados. En este sentido, los autores comparan la propuesta con la prestación de ingresos mínimos, también de difícil aplicación por ser, por ejemplo en el caso de España, competencia de las comunidades autónomas.
Reforma urgente
Frente a esta realidad, los autores del informe ven urgente una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social, para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, Jordi Sevilla incluye en el informe una propuesta concreta de un crédito fiscal universal: una renta básica garantizada que asegure el mínimo nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo.
Todos los ciudadanos tendrían que presentar IRPF y el Estado les devolvería la diferencia si estuvieran por debajo del mínimo vital
Jordi Sevilla reclamó que todo el mundo hiciera la declaración de la renta ya que "la existencia de mínimos exentos deja a millones de personas fuera del sistema". El planteamiento que hacen de renta básica implica que todos los ciudadadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta y, si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia; en caso contrario, deberían pagar.
La desigualdad y la pobreza podrían cronificarse
El economista y colaborador de ElPlural.com José Moises Martín Carretero, que es uno de los expertos que participa en este estudio, alerta del riesgo de que la desigualdad y la pobreza se cronifiquen en un panorama como éste con políticas fiscales poco redistributivas y una situación de gran vulnerabilidad frente al cambio tecnológico. Añade, además, que el sistema fiscal de España, comparado con países de nuestro entorno, es uno de los que menos redistribución genera.
En paralelo a la propuesta de renta básica, proponen que las prestaciones y transferencias sociales del Estado se asimilen progresivamente al mínimo vital con el fin de acabar con las "grandes diferencias" entre el sistema impositivo y las prestaciones sociales. Según subrayó Sevilla, el modelo actual hace más vulnerables a las personas excluidas de los beneficios fiscales y se producen "contradicciones" como que una familia que no tributa recibe una ayuda mucho más pequeña por hijo que el que sí lo hace: 291 euros frente a 2.400 euros por cada menor a su cargo. Son datos para pensar.