Casi un centenar de migrantes procedentes del norte de África escapó la pasada noche del martes del campamento habilitado por la Cruz Roja en el puerto de Cartagena (Murcia), en el que se encontraban retenidos pasando una cuarentena de 14 días después de que algunas de las personas de las pateras dieran positivo en las pruebas PCR de coronavirus. La Policía desplegó entonces un dispositivo de búsqueda con el que localizó a la mayoría de personas para devolverlas al campamento, a excepción de unos 15 migrantes que aún no se han localizado.
El campamento, custodiado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), fue habilitado tras el gran número de pateras que llegaron a las costa murciana a finales de la semana pasada. En total, 31 barcazas con 454 personas a bordo, de las que 34 resultaron positivas en los test de coronavirus. La cuarentena obligatoria se impuso en el puerto de Cartagena para esas 34 personas y otras 225 que, pese a dar negativo en las pruebas, viajaron con ellos en la misma embarcación. Los 161 migrantes restantes fueron trasladados y acogidos por distintas ONG.
Los agentes se sienten damnificados
Fuentes policiales han denunciado la escasez de agentes en este dispositivo, en el que trabajan 40 efectivos de la UIP para cubrir la mañana y la tarde, y a los que se suma un grupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que cubre las noches a la espera de la llegada de los refuerzos prometidos por las Administraciones.
Ante la pasividad de las instituciones responsables, los agentes también han exigido que se les realicen pruebas PCR antes de regresar a su base ya que, de haberse infectado, podrían poner en riesgo tanto a sus compañeros como a sus familias.
Las Administraciones echan balones fuera
Lo cierto es que ni el Gobierno Murciano ni la Delegación del Gobierno se quieren hacer cargo de la situación, acusándose unos a otros sobre quién debe hacerse cargo. Por un lado, la Consejería de Salud murciana solicita al Ministerio de Defensa que habilite sus dependencias de la Escuela de Infantería de Marina. Por otro La Delegación insta al Gobierno autonómico a trasladar a los migrantes al albergue El Valle u otros edificios de titularidad murciana como se ha hecho en ocasiones anteriores.
La pelota ha pasado tantas veces de una Administración a otra que ya es la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia la que se está encargando de dirimir las responsabilidades de cada cual.