El Castillo Nuevo de los Mendoza es una joya arquitectónica y cultural ubicada al pie de la sierra de Guadarrama, más concretamente en el municipio de Manzanares El Real. Este 5 de enero, fue devuelto a sus propietarios, la Casa Ducal del Infantado, después de que venciese el contrato de alquiler que estaba vigente desde hacía 60 años con la Comunidad de Madrid, para su conservación y explotacion turística. Este monumento recibió más de 400.000 visitantes entre 2019 y 2023, con unas entradas preciadas en 5 euros por visita normal y 8 por la visita teatralizada, y a partir de ahora no podrá abrir al público porque ya no tiene licencia. Su estado de conservación y su historia lo convertían en "la joya de las fortificaciones madrileñas", tal como lo definía la Comunidad de Madrid en la página oficial del castillo, ya eliminada.
Este castillo albergó, además, la firma del Estatuto de Autonomía de 1983, y ahora, su gestión cultural y turística vuelve a manos de la XX duquesa del Infantado, Almudena de Arteaga, una conocida escritora de novela histórica de 57 años. Lo mismo ocurrió, también bajo polémica, el pasado septiembre con el parque infantil situado en las inmediaciones del castillo, después que la cesión que su abuelo Íñigo de Arteaga y Falguera hizo en 1975 al Ayuntamiento de Manzanares llegase a su fin, y tras no alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para alquilar o comprar la finca.
La historia del castillo
Esta edificación fortificada empezó a levantarse en 1475, por orden del primer duque del Infantado y segundo marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza y Figeroa. Quince años después, en 1490, fue su hijo quien lo terminó, incorporando al proyecto al arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas. El resultado es uno de los máximos ejemplos del gótico tardío y de la arquitectura militar castellana, y de él se recuerda que en tiempos de paz se convirtió en el palacio ducal de esta familia noble, una de las más importantes de la Baja Edad Media. Sus amplios salones, fachadas y miradores recuerdan incluso a los rasgos propios del renacimiento.
Casi quinientos años después, en 1965, la entonces Diputación Provincial de Madrid firmó un acuerdo con la familia por 50 años, prorrogable a otros 10, para alquilar el inmueble, que fue heredado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En aquellos años, Diputación y Ayuntamiento trabajaron conjuntamente para su restauración, ya que se encontraba en ruinas, y los esfuerzos realizados lo convirtieron en uno de los castillos mejor conservados de España, pudiendo abrir sus puertas a los visitantes en 1977.
Se acaba el contrato... y la licencia
Sin embargo, las cosas empiezan a torcerse en mayo del año pasado. La Casa Ducal del Infantado le comunica a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Manzanares que quiere recuperar el inmueble al terminar el contrato. En octubre, Más Madrid puso en marcha un conato para ampliar la protección del castillo, pero lo impidieron los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE, haciendo que la dueña y heredera, la duquesa Almudena de Arteaga y de Alcázar, recuperase la propiedad del inmueble.
Aunque su deseo era mantenerlo abierto al público por su reclamo turístico y por el impacto económico que tiene en la localidad madrileña, al vencer el contrato de gestión y uso público que mantenía la Comunidad de Madrid, el castillo se verá obligado a cerrar sus puertas, ya que es imposible concederle a la propietaria los permisos para que reciba visitas, según han expuesto fuentes cercanas al asunto. ¿El motivo? La calificación como rústico del terreno en el que se ubica, algo que ha molestado a los propietarios, ya que consideran que podría haberse tenido en cuenta en los sesenta años que ha estado bajo la gestión pública. Por su parte, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso señala que ha invertido hasta un millón de euros al año en este Bien de Interés Cultural (BIC) entre obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública.
El abogado de la familia, Miguel Temboury, argumenta que la situación podría arreglarse si existiera voluntad política para ello, por lo que ha pedido a la Comunidad de Madrid que solucione el problema y permitan que el castillo se pueda seguir visitando. "Existen vías legales que permiten una rápida reapertura del castillo. Es cuestión de voluntad de las administraciones implicadas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Manzanares el Real) el que puedan hacerse efectivas", argumenta el letrado. Por otro lado, fuentes de la Comunidad de Madrid han expresado que una vez ha terminado el contrato de arrendamiento, el castillo pasa a depender enteramente de sus nuevos propietarios, y que las licencias para obtener el derecho de apertura no dependen de su ámbito, sino del municipal, aunque han matizado que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte "sigue trabajando para dar continuidad al servicio público que se ha venido ofreciendo".
La tercera de las partes implicadas, el Ayuntamiento de Manzanares, ha manifestado que conocen "desde hace ya varios meses" el vencimiento de la cesión y el deseo de la propiedad de mantener su apertura al público como hasta la fecha, por lo cual solamente parecía necesario cambiar la titularidad de la licencia. No obstante, constataron que la Comunidad de Madrid "venía realizando la actividad sin licencia", lo que "dificulta enormemente" la situación actual, ya que esta actividad se inició hace más de 50 años, anterior a la normativa urbanística de 1977. "Por las características urbanísticas del terreno en el que se encuentra el castillo, no se puede dar una licencia directa. Tampoco es factible concederla a través de una calificación urbanística, dado que nuestras normas subsidiarias no contemplan dichos usos", apunta el Ayuntamiento.
Así las cosas, ambas administraciones concluyeron que "la única vía factible era la de tramitar una modificación de las normas subsidiarias", y compartieron la necesidad de que este bien patrimonial recupere su actividad "cuanto antes".