Las altas temperaturas se han convertido en una preocupación creciente para la salud laboral y también en uno de los focos prioritarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El aumento de los episodios de calor extremo durante los meses de verano ha llevado al organismo dependiente del Ministerio de Trabajo a intensificar su vigilancia sobre las empresas, una tendencia que se refleja tanto en el número de actuaciones realizadas como en el volumen de sanciones impuestas por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos.
Los datos correspondientes al periodo comprendido entre junio y septiembre muestran una evolución especialmente significativa en 2025. Durante esos meses, la Inspección llevó a cabo 10.820 actuaciones relacionadas con la exposición de los trabajadores a altas temperaturas, una cifra que supera ampliamente las 4.620 registradas en 2022 y que supone más del doble de las contabilizadas al inicio de la serie estadística. Tras un descenso en 2023, con 3.290 intervenciones, y una ligera recuperación en 2024, con 4.240, el último ejercicio refleja un notable incremento de la actividad inspectora.
Este aumento también se ha traducido en un mayor número de requerimientos a las empresas. Se trata de los avisos que los inspectores realizan cuando detectan incumplimientos y exigen la adopción de medidas correctoras. En 2025 se emitieron 4.750 requerimientos, frente a los 3.140 de 2022. Según el Ministerio de Trabajo, esta evolución responde tanto a la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos como a una mayor sensibilidad social sobre los riesgos que las altas temperaturas representan para la salud de los trabajadores.
Cuando las empresas no atienden las exigencias planteadas por la Inspección, los expedientes pueden derivar en sanciones económicas. También en este apartado los datos reflejan un endurecimiento de la respuesta administrativa. Entre junio y septiembre de 2025 se impusieron 292 sanciones, muy por encima de las 135 registradas en 2022. El incremento ha sido progresivo durante los últimos años, con 169 multas en 2023 y 223 en 2024.
La consecuencia económica de estas infracciones también ha crecido de forma considerable. El importe total de las sanciones ha pasado de algo más de 706.000 euros en 2022 a superar los 1,56 millones de euros en 2025, más del doble en apenas tres años. Desde Trabajo insisten en que la prevención debe comenzar antes de la llegada de las olas de calor y recuerdan que las empresas están obligadas a contar con protocolos y medidas específicas para proteger a sus plantillas.
Precisamente este verano, el Gobierno ha reforzado su estrategia de vigilancia con especial atención a sectores especialmente expuestos, como la construcción y el campo. Además, ha remitido cerca de 100.000 comunicaciones informativas a empresas para recordar sus obligaciones preventivas. Todo ello en un contexto en el que sindicatos y expertos alertan de que el impacto real del calor sobre la siniestralidad laboral podría estar infrarrepresentado en las estadísticas oficiales y reclaman reforzar aún más los mecanismos de protección frente a un fenómeno que, lejos de remitir, se intensifica año tras año.
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