De Almería a Zaragoza, pasando por Guadalajara: ¿Cuánto urge el consenso en torno al Pacto de Estado frente a los incendios?

En 2025 fueron Las Médulas, en León; Tarifa y Grazalema, en Cádiz; la provincia de Ourense, en Galicia; o la localidad de Tres Cantos, en Madrid. Episodios de graves incendios forestales que se repiten todos los veranos y, este 2026, no iba a ser la excepción dadas las altas temperaturas que se están registrando en las últimas semanas. Zaragoza, Guadalajara, Madrid o Almería han sido los recientes focos de grandes fuegos que tan sólo vienen a augurar una situación ya de por sí extrema.

A nivel político, la discusión en esta última semana ha girado en torno a dar una respuesta conjunta, una respuesta nacional. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática ya es una realidad que vino defendiendo el Gobierno central desde hace un año y que, dadas las circunstancias actuales, urge su necesidad de aplicación. Un paquete de medidas sobre la que, como suele sucederse en este escenario de confrontación entre fuerzas políticas, ha generado discrepancias entre la derecha con la izquierda.

Dejando en un segundo plano este escenario, el foco de preocupación se sitúa en un mapa que empieza a colorearse de rojo y naranja conforme va avanzando el verano y las previsiones meteorológicas no apuntan a un respiro térmico. Tal y como puede comprobarse en la web oficial de Incendios España, con las cifras de las últimas 24 horas a viernes 17 de julio, hay 881 focos activos en toda la Península, concentrándose la mayoría de ellos en Zaragoza y Guadalajara.

Desalojos de vecinos, confinamiento de poblaciones en su totalidad, miles de hectáreas calcinadas por las llamas e incluso fallecimientos en el caso de Almería, han sido las principales consecuencias que han conllevado los incendios descontrolados de estas últimas semanas.

De Almería a Zaragoza, pasando por Guadalajara: los peores focos

Fue a principios de este mes de julio cuando el foco de preocupación medioambiental se situó en Almería, en la zona de Los Gallardos, donde el fuego avanzó a una celeridad que incluso se llevó consigo la vida de 13 vecinos, 7.000 hectáreas –en un radio de más de 40 kilómetros- y casas reducidas a cenizas. El domingo 12 de julio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, dio por estabilizado el incendio, autorizando el regreso de los desalojados a sus hogares, pero dejando una huella imborrable en la zona.

Las labores del equipo del Plan Infoca, así como el respaldo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), lograron acotar y perimetrar las llamas en cuestión de días, pero la sensación de descanso no terminó por llegar. En palabras del presidente andaluz, se vaticina “un verano complicado” en el conjunto de España, reiterando que, el hecho de detectar y alertar “cuando hay humo o ven actitudes sospechosas de alguien” no se trasladó como “recomendaciones”, sino como “órdenes” a la población para evitar episodios de este calibre. Hasta la fecha, el incendio de Los Gallardos ha sido catalogado como el más devastador en términos humanos en España en las últimas cuatro décadas.

Días después, el foco se trasladó a Aragón, más concretamente a la provincia de Zaragoza, donde actualmente los ánimos de preocupación continúan a flor de piel. El mayor registrado se localiza en Orés, donde ya han quedado arrasadas 12.000 hectáreas y hasta cinco municipios tuvieron que ser desalojados, viéndose afectados a su vez los núcleos urbanos de Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

Sumado a estos fuegos, en la provincia de Huesca se han visto evolucionando favorablemente en las últimas horas los registrados en Jánovas, Castanesa y La Fueva, aunque la Peña Montañesa es el de mayor concentración de llamas.

Desde el centro de la Península, las alarmas saltaron el jueves, especialmente en Guadalajara, donde el incendio de La Mierla, el cual ha afectado al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, ha arrasado con más de 2.000 hectáreas y obligó al desalojo de varios municipios cercanos. El viernes, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, señaló que el fuego estaba “muy lejos de ser controlado”. “El nivel de propagación es máximo y, además, está en una zona boscosa que tiene mucho alimento y, por lo tanto, estamos en una situación muy comprometida”, añadió.

Prácticamente al mismo tiempo, se decretó otro incendio en Lozoyuela (Comunidad de Madrid), el cual calcinó 770 hectáreas y afectó a las localidades de Mangirón, Cico Villas y Buitrago del Lozoya. Un fuego por el que fue detenido un hombre de 52 años con antecedentes recientes de esta misma naturaleza y que fue localizado con un mechero en la mano.

En valoración nacional, en voz de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, esta temporada “extraordinaria” de incendios ya ha apuntado a unas 50.000 hectáreas quemadas en España con foco en 18 incendios, lo que multiplica por tres la superficie afectada en comparación con el mismo periodo de 2025, teniendo aún el mes de agosto por delante.

Este escenario viene acompañado de previsiones meteorológicas que pueden suscitar nuevas alertas y maximizar las precauciones. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas tenderán a ascender a partir del sábado a más de 40 grados, especialmente en el sur peninsular, e incluso sin disminuir las mismas por la noche de los 22 grados.

¿Por qué un Pacto de Estado?

Bajo este telón de fondo, la pregunta es obligada: ¿Es tan necesario establecer una hoja de ruta a partir de un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática? Debido a las devastadoras consecuencias que quedaron del verano de 2025, en septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó este marco de medidas, el cual recibió, en aquel momento, el rechazo del Partido Popular en votación parlamentaria.

Con motivo del incendio en Los Gallardos, el presidente del Ejecutivo volvió a ensalzar la necesidad de un consenso político en torno al Pacto de Estado: “La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante”, recalcó.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, hace menos de un año atrás, lo rechazó tildándolo de “cortina de humo” y señalando que no serviría de “absolutamente nada”. No obstante, el propio líder de Génova, olvidando esta realidad, propuso un “gran acuerdo” para responder a estos riesgos naturales de manera nacional y conjunta: “Se trata de poner un documento encima de la mesa en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para concretar la responsabilidad de cada administración, los medios a disposición conocidos para toda la nación y el presupuesto plurianual para blindar a España ante este riesgo”, abogó, aunque esa propuesta ya existe.

Como réplica, Moncloa instó al líder de la oposición a “suscribir” esta hoja de ruta, reiterando que mantienen su “mano tendida” en caso de aceptar y en aras de que “la lucha contra la emergencia climática trascienda las legislaturas”.

Las principales actuaciones que recoge el Pacto de Estado se enmarcan en doce puntos clave, entre los que destacan “mejorar la vigilancia hidrológica y meteorológica, reforzar los sistemas de alerta temprana, mejorar la coordinación administrativa, reforzar los servicios de protección civil, desarrollar planes de autoprotección e información, movilizar financiación para la adaptación, reforzar la cooperación entre administraciones y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación”.

Sobre la prevención de incendios forestales, se prima “impulsar una gestión forestal adaptativa que reduzca la acumulación de combustible vegetal, incrementar los tratamientos selvícolas preventivos (clareos, podas, desbroces y eliminación de biomasa, recuperar y potenciar la ganadería extensiva como herramienta de prevención, favorecer la agroforestería y los mosaicos agroforestales, restaurar terrenos degradados con criterios de resiliencia, promover la gestión activa del territorio para reducir el abandono rural e integrar la prevención de incendios en la ordenación del territorio y la planificación forestal”.

Desde la detección y preparación a estos escenarios, se busca “mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana, reforzar la predicción de episodios de riesgo extremo, impulsar la formación y cultura de autoprotección y mejorar la coordinación entre administración”. En lo que concierne a la extinción y la respuesta a los fuegos, el Pacto de Estado busca “reforzar los servicios de protección civil y emergencias, mejorar la coordinación operativa durante las emergencias, incrementar la capacidad de respuesta ante incendios extremos, fortalecer los sistemas de información y apoyo a la toma de decisiones, restaurar las zonas afectadas con criterios de adaptación al cambio climático y favorecer la recuperación de ecosistemas y reducir la vulnerabilidad futura”.

Como tercer punto a tener en cuenta, la prevención y gestión de riesgo de inundaciones en aras de evitar catástrofes como la DANA de Valencia en 2024 o similares, el Pacto de Estado marca una hoja de ruta para “evitar nuevas edificaciones en zonas inundables, integrar el riesgo de inundación en la planificación urbanística y territorial, adaptar el diseño de infraestructuras a fenómenos extremos e incorporar criterios de adaptación en la obra pública”.

En soluciones basadas en la estructura de la naturaleza, aboga por “restaurar ríos, cauces y llanuras, recuperar humedales y ecosistemas de retención, renaturalizar espacios urbanos e impulsar infraestructuras verdes”. Conforme a la gestión del agua, también se busca “reforzar la planificación hidrológica, mejorar la gestión integral del riesgo, incrementar la resiliencia de los sistemas hidráulicos y favorecer actuaciones de restauración fluvial”.