La Sala de lo Contencioso-administrativo elevará al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una consulta sobre la ley de financiación de la Corporación RTVE ya tiene dudas de que algunos preceptos cumplan con la Carta Magna y se ajusten al Derecho Derecho Europeo. En concreto, se pone en tela de juicio la exacción de las operadoras de telecomunicaciones.

Todo parte de un recurso presentado por Telefónica Móviles contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. El litigio pretende ahondar en si la jurisdicción europea sobre la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas admite una interpretación según la cual un Estado puede fijar como aportación financiera anual una exacción sobre los ingresos brutos de una empresa sin que se haya acreditado que exista un impacto positivo.

Y es que, con la última actualización de la normativa relativa a la financiación de RTVE, a fin de asegurar su independencia política y económica, se estableció que, además de la dotación que figura en los Presupuestos Generales del Estado, los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o superior al de una comunidad autónoma y las sociedades concesionarias prestadoras del servicio de televisión de la misma escala, aportaran un porcentaje de sus ingresos brutos. ¿La razón? El impacto positivo que recibe el sector de las telecomunicaciones.

Las compañías de servicios telefónicos fijos, móviles o proveedores de Internet deben aportar el 0,9% de sus ingresos brutos, sin que pueda superar el 25% del total de ingresos previstos cada año para RTVE. Las concesionarias o prestadores del servicio de televisión abierto y de pago deben aportar el 3% y el 1,5% respectivamente.

La demanda de Telefónica Móviles se interpuso ya que se entendía que el gravamen debe disponerse en base a los ingresos derivados del impacto positivo, y no de los ingresos brutos. La Audiencia Nacional ha dado un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal a Telefónica Móviles para responder si procede elevar la cuestión al Constitucional y a Europa a fin de arrojar luz y esclarecer si el Estado debe devolver una cantidad de dinero a la compañía por ingresos indebidos.