Si alguno se pensaba que el audio difundido el pasado martes por Moncloa.com sobre una comida de amigos entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Baltasar Garzón y tres mandos policiales, entre ellos el comisario jubilado José Villarejo, era el último coletazo del policía, estaba muy equivocado. Según publica El País, el hombre tiene a su disposición tres discos duros con grabaciones a jueces, fiscales, políticos, periodistas y empresarios que registró durante 25 años de servicio.
Estas grabaciones se distribuyeron en tres países fuera de España, y según indican fuentes próximas al caso Tándem -la operación que investiga a Villarejo por pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales-, el material de las mismas podría "sacudir los cimientos del Estado".
Según indica el mismo medio, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional tiene a su disposición una copia de estos audios. Sin embargo, están protegidos por un fuerte algoritmo que no consiguen descifrar. Villarejo se ha negado varias veces ante Diego de Egea, el instructor del caso Tándem, a facilitar las claves para que los agentes puedan liberar estos datos.
Entre las grabaciones que todavía no han sido publicados, presuntamente hay nuevas conversaciones entre el comisario Villarejo, la amiga íntima del rey emérito Corinna Larsen y el abogado y cerebro del caso Tándem, Rafael Redondo. Estos audios señalan que los tres se reunieron "varias veces" en Londres, y aunque no se envidencian "indiciones delictivos", sí que podrían hacer tambalear la monarquía.
Hay que recordar que Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre. Una situación que parece ser el origen de todo este asunto. Y es que, desde la cárcel de Estremera, el policía amenaza para que le saquen cuanto antes: "Si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Y la traca final... antes de Navidad". Por su parte, el Gobierno se niega a darle crediblidad a un "criminal" y el propio Pedro Sánchez interpretó la filtración de las declaraciones de Delgado como "un chantaje" del comisario contra el Estado.