La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por sus detractores, es una de las banderas de Unidas Podemos y están dispuestos a defenderla a capa y espada hasta las últimas consecuencias. Así las cosas, el grupo parlamentario morado en el Congreso ha remitido este lunes un escrito la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, denunciando a los partidos de derechas y a las asociaciones de policías y guardias civiles que se oponen al nuevo articulado.

Concretamente, la formación liderada por Ione Belarra ha solicitado que  Europa tome posición frente al ataque que en las últimas semanas está sufriendo la iniciativa.

El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el diputado Enrique Santiago, líder del PCE, rubrican este documento conformado por 16 páginas en las que se recogen todos y cada uno de los cambios que se pretenden instaurar, se recuerda que Europa lleva desde 2018 pidiendo modificaciones y se exponen los argumentos de los colectivos policiales que se manifestaron en Madrid a finales de noviembre.

La derecha miente...

El informe, que recoge declaraciones tanto de Pablo Casado (PP) como de Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) censurando la reforma, insiste en que con todas las enmiendas que el Gobierno de coalición pretende introducir se dota al articulado de “un enfoque progresista y garantista”; ya que “como puede observarse en el artículo 1 propuesto se establecerá que ‘la salvaguarda de la seguridad ciudadana, entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía, exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública’. Y se sustituye conceptos como el de ‘tranquilidad ciudadana’ por el de ‘convivencia ciudadana’”.

... y los colectivos policiales también

Unidas Podemos lamenta a través del antecitado informe que las derechas mienten, pero los colectivos policiales también hacen lo propio. Más incluso, si cabe, pues deslizan cuestiones tales como que la ley acaba con la presunción de veracidad, que se prohíben las pelotas de goma o que harán las veces de taxistas de delincuentes. Todo ello es falso.

En primer lugar, no se elimina la presunción de veracidad de los agentes, sino que para que sus declaraciones prevalezcan han de ser “coherentes, lógicas y razonables”.

“Otra cuestión relevante y sobre la que se han manifestado las asociaciones profesionales de los distintos cuerpos de seguridad, es la relativa al uso de materiales lesivos por parte de las mismas. Pese a que ni la ley de 1992 ni la de 2015 decían nada al respecto”, explican los morados sobre las pelotas de goma.  A este respecto, el partido justifica que no se suprime su uso, pero “resulta innegable que es necesario el desarrollo de protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables, toda vez que se han acumulado en los últimos años decenas de lesiones irreparables (en ojos y testículos) e incluso la muerte de alguna persona (ej. la de Iñigo Cabacas en el año 2012 en la ciudad de Bilbao), lo que hace necesario abordar esta cuestión, sobre todo teniendo en consideración que algunas de estos medios, como las pelotas de goma, están ya en desuso en diferentes países de Europa”.

Con respecto a que los agentes deberán trasladar a su casa los delincuentes en los vehículos policiales a modo de taxi, Podemos esgrime que es absolutamente falso: "El tiempo de identificación en comisaría será de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable en cuyo caso podrá extenderse hasta 6 horas. La identificación en comisaría será excepcional y una vez concluida la persona identificada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría (Art. 16) si la estación policial se encontrara en localidad diferente a aquella en la que fue interceptado y conducido a la dependencia policial para su identificación. Se mantiene, por tanto, la obligación de acompañamiento a dependencias policiales para la identificación que ya constaba en la ley de 1992, aunque se reduce el tiempo a 2 horas frente a las 6 de la ley actual (incluso ampliables esas 2 horas a 6 en supuestos justificados). Resulta innegable que la mejora en el uso de tecnologías de comunicación e identificación hacen apropiado este cambio, toda vez que el tiempo necesario para realizar la identificación de forma fehaciente es posible realizarla mucho más rápido gracias a las nuevas tecnologías".

En consecuencia, Unidas Podemos denuncia que estos colectivos, apoyados en la derecha política, tratan de confundir a la opinión pública con falacias, lo que fomenta que esté “germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas, por lo que llamamos a la Comisión a que tenga en cuenta con aplicada atención lo que se ha expuesto en este informe”.