“Vamos a dar un paso importante en la exigencia de responsabilidades, regulando el procedimiento sancionador, ya que la propia ley prevé el cese inmediato de cualquier alto cargo en el caso de apertura de juicio oral en una causa penal”. Declaraciones del consejero Portavoz del Gobierno de Cospedal hace unos días anunciando una nueva iniciativa legislativa sobre Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. No solo eso, el vocero de la también secretaria general fue aún más preciso: “es un compromiso firme de la presidenta Cospedal por elaborar y dotar a Castilla-La Mancha de unos principios que van a operar en nuestra región en los próximos años en este ámbito”. Pues bien, ni al Portavoz Leandro Esteban, ni a la propia Cospedal le hacen caso en su partido, donde, hoy por hoy, destacados miembros del PP han sido condenados o se sientan en el banquillo sin que por ello hayan renunciado a su condición de alto cargo, como sucede con el alcalde de Yuncos y el teniente de alcalde de Ocaña, ambas localidades de Toledo gobernadas por el Partido Popular.

El alcalde de yuncos, Gregorio Rodríguez El alcalde de yuncos, Gregorio Rodríguez




Sentencia firme sin posibilidad de recurso

El caso es que la Audiencia Provincial de Toledo ha desestimado recientemente el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, confirmando así la sentencia del Juzgado de lo Penal de la capital que condenó al regidor del PP por un delito de prevaricación a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Sentencia dada a conocer el pasado 17 de noviembre donde también se dejaba claro que ante dicha resolución no cabía ya recurso alguno. O lo que es lo mismo, una sentencia firme que el regidor de Yuncos elude acatar, negándose a abandonar el Ayuntamiento como si las decisiones judiciales no fuera con él.

No es la primera sentencia en contra
A Gregorio Rodríguez, presidente también de la Mancomunidad de La Sagra, no es la primera vez que un juez tiene que enmendar y corregir sus decisiones municipales. El pasado mes de abril el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo suspendía, a instancias de CCOO, la oferta de cien empleos que el Ayuntamiento de Yuncos pretendía sortear. El juez consideró en ese momento que el bando de Rodríguez Martín, “adolece de nulidad de pleno derecho porque infringe de manera clara el principio de igualdad de todos los españoles y ciudadanos de la UE al permitir únicamente el acceso al proceso selectivo a los españoles empadronados en Yuncos”. Demoledor. Y Ahí sigue.

El teniente de alcalde de Ocaña, Tomás Vindel El teniente de alcalde de Ocaña, Tomás Vindel



Cospedal y García-Tizón miran para otro lado
Lo más preocupante de este asunto, es que la rebeldía del alcalde Rodríguez cuenta con la complicidad subjetiva de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, así como del jefe de las filas conservadoras en Toledo y presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón. Ambos mantienen un silencio inexplicable y ninguno de los dos ha pedido al alcalde que acate la sentencia y abandone la presidencia del Consistorio, ni siquiera tras las protestas y exigencias del PSOE, que no entienden cómo los máximos representantes del partido permiten tal desacato. “Y luego hablan de leyes de transparencia, cuando son los primeros en eludir responsabilidades”, concretan fuentes socialistas en declaraciones a este periódico.

Un tanto de lo mismo ocurre en Ocaña
Pero aquí no queda la cosa judicial. No, este lunes se sientan en el banquillo el exalcalde de Ocaña, José Carlos Martínez Osteso, por un presunto delito de prevaricación urbanística. El dirigente del PP ha sido hasta hace unas semanas asesor de la presidenta Cospedal, a pesar de que una jueza decretara hace ya dos años el auto de apertura de juicio oral contra él y otros cuatro acusados más, entre los que se encuentra el actual teniente de alcalde de Ocaña y exmiembro de la Corporación presidida por Martínez Osteso. A Tomás Vindel de Andrés, segundo de a bordo del organigrama “popular” ocañense, el fiscal solicita una pena de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años, dos menos que al exregidor. Por su parte, el PSOE, que representa a la acusación particular, pide prisión y amplía los delitos a la ordenación del territorio, protección del patrimonio y medio ambiente. Los dos imputados cuentan con el apoyo expreso de Cospedal. De ahí que sea poco creíble su decisión de llevar a las Cortes una ley de transparencia.