El Consejo de Transparencia (organismo que arbitra, entre ciudadanos y Administración, para resolver las peticiones de la Ley de Transparencia) solicitó el pasado mes de diciembre toda la información relativa a los viajes oficiales realizados por el Gobierno y la Casa Real desde 2015 hasta la actualidad, especificando trayectos, acompañantes o personas que formasen parte de la comitiva.
Una petición que aún continúa sin respuesta. El Ejecutivo se ha negado repetidamente a facilitar dichos datos alegando que se trata de material "clasificado", a lo que el Consejo de Transparencia responde que el Gobierno no puede calificar esa información de "clasificada" por el simple hecho de formar parte de la actividad del Jefe del Estado. De hecho, el Consejo dio un ultimátum al Gobierno el pasado mes de junio, solicitando esos datos en un plazo máximo de 15 días, los cuales ya se han agotado.
Por ello, el organismo recuerda que los datos relativos a los 38 viajes oficiales de la Casa Real en este periodo son "de indudable interés público, y obedecen a los principios en los que se basa la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y a la finalidad para lo que la misma ha sido adoptada: la rendición de cuentas por la actuación de los responsables públicos”.
Desde el Consejo de Transparencia señalan que “no se aporta ni normativa concreta ni acto de clasificación expreso que permita fundamentar que el listado de pasajeros que viajen junto autoridades transportadas sea materia de naturaleza clasificada o que haya sido objeto de acto expreso de clasificación”.
Y terminan remarcando las malas prácticas del Gobierno: “la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno pretende dotar la consideración de clasificada, con carácter general, a la información sobre viajes del presidente del Gobierno, argumento que como ya hemos indicado, no considera válido este Consejo”.
