La Guardia Civil tiene en su poder un informe contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un documento que parte del Gobierno de España, concretamente de las entrañas del Ministerio de Transportes, elaborado durante la pandemia. Según El Mundo, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado intervino el correo oficial de la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, donde se toparon con un análisis jurídico que sugería la posibilidad de preparar una denuncia contra la lideresa del Partido Popular de Madrid por un presunto delito de cohecho pasivo en un caso que se desató en pleno año 2020, en los meses más duros de la pandemia.
La ex alto cargo del Gobierno se reenvió el documento en cuestión desde su cuenta de correo personal a la oficial en mayo de 2020, dos meses después de que trascendiera que la presidenta madrileña se hospedó en un apartamento de lujo de uno de los hoteles que son propiedad del empresario Kike Sarasola (Room Mate) durante los peores meses de la pandemia del coronavirus. Se trata de un establecimiento que se ubica en la Plaza de España de Madrid, donde la baronesa conservadora ocupó la Royal Suite, situada en la planta octava de la finca. La jefa del Ejecutivo regional, entre los meses de marzo y mayo, tras dar positivo por coronavirus, utilizó una zona del apartamento para trabajar y otro en la planta inferior para dormir.
Después de que trascendiera la polémica, Ayuso declaró que la estancia la había sufragado de su bolsillo. Una versión que ratifica el empresario hotelero, que negó que le cediera gratuitamente el apartamento. No obstante, aún la controversia sigue viva, dado que este mismo año el Congreso reclamó a la Puerta del Sol todas las facturas que la presidenta regional dijo haber pagado. En cualquier caso, y de regreso a la actualidad, la presidenta de Adif no recuerda cómo llegó a su poder el mencionado informe. Pardo de Vera desconoce si parte de un abogado que “buscaba trabajo en la órbita del Gobierno” o alguien del entorno de Moncloa, según revela a el diario El Mundo. Tampoco aclara si alguien más en el Ejecutivo conocía el documento.
Cohecho pasivo continuado
No obstante, sí niega que ella misma sea la autora del documento. Tampoco hizo un seguimiento expreso, tal y como ha asegurado al citado medio, mientras subrayaba que siempre ha mantenido una buena relación en el ámbito institucional con Díaz Ayuso. Lo que sí se conoce es que este informe ha salido a la luz a raíz de las pesquisas del Instituto Armado sobre el caso Koldo. El escrito tiene por título “notas iniciales (borrador)” y expone en qué consiste el delito de cohecho pasivo (artículo 419 del Código Penal) que se le atribuye a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así, la actuación de Ayuso se contemplaría en el artículo 422, que contempla la recepción de un regalo por parte de un cargo público “en consideración a su cargo”.
En este sentido, expone que el articulado castiga a la autoridad o funcionario público que, en “en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueron ofrecidos en consideración a su cargo o función”. El cohecho continuado pasivo está castigado con una pena de prisión de entre seis meses y un año. Además, contempla la suspensión de empleo y cargo público de entre uno a tres años. El documento precisa de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este delito, en el que subraya la “necesaria conexión causal entre la entrega de la dádiva o regalo y el oficio público del funcionario, de tal forma que la entrega se realice por causa de la simple consideración a la función que desempeña la autoridad o funcionario”.
Así, es pertinente matizar en que “no se exige del funcionario o autoridad la ejecución u omisión de un acto relativo al ejercicio de su cargo, sino que basta que el regalo sea ofrecido en consideración a su función”. El documento profundiza en que “por regalo habría que entender objeto de valor material (económico) más o menos grande y que quedarían descartados los regalos de ´ínfimo valor’”.
El alojamiento de Ayuso
En el caso concreto del apartamento de la jefa del Ejecutivo madrileño, el documento expone que cabía la posibilidad de que la explicación que en su momento ofrecieron tanto Ayuso como Sarasola de que hubo un pago de por medio, aunque fuera inferior al de mercado, se tratara de una tapadera. “Bien podría entenderse que no hay precio y que ese precio rebajado no es una creación a posteriori cuando la cuestión trasciende a la opinión pública”, reza el escrito, al tiempo que subraya que resultaría increíble pensar que un ciudadano de a pie alojado en un hotel de calibre similar no se le requiriese el pago hasta el fin de su estancia en el establecimiento.
Por lo tanto, se aconsejaba a la cúpula del Ministerio “conocer los antecedentes de la entrada de Ayuso en el alojamiento”, o lo que es lo mismo, investigar la existencia de “llamadas previas”, contactos con otros establecimientos, por qué se eligió estos apartamentos, etc. Así, arroja como primera conclusión que la conducta de Ayuso podría ser susceptible de cohecho, aunque no aventura una resolución del eventual proceso judicial positiva para el denunciante en tal caso.