El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por el "uso desproporcionado" de la fuerza policial, durante una protesta contra los recortes, el 2 de febrero de 2014 en Valladolid, que dejó lesiones permanentes a la demandante, Laguna Guzmán.

El tribunal ha concluido que el Estado vulneró el derecho de protesta de la manifestante, que quedó incapacitada por los porrazos de la policía, en tanto que el tribunal sostiene que el uso de la fuerza por parte de la policía no estaba justificado porque "la protesta fue pacífica" y la afectada no cometió ningún delito, según adelanta Eldiario.es.

"Una persona no pierde el derecho a la protesta pacífica para que haya violencia esporádica u otros potenciales delitos en la manifestación si el individuo en cuestión sigue siendo pacífico", sostiene la sentencia.

El tribunal estima que la dispersión policial de una protesta improvisada después de la manifestación oficial impidió el derecho a la libertad de reunión pacífica de la demandante y ha reiterado que "si bien las normas que rigen las reuniones públicas, como la notificación previa, son esenciales para el buen desarrollo de los actos públicos, su aplicación no puede convertirse en un fin en sí mismo. En particular, las autoridades deberían mostrar cierto grado de tolerancia hacia las manifestaciones espontáneas que sigan siendo pacíficas".

La Audiencia Nacional dio la razón a la demandante

El tribunal dice que "quedó establecido que el comportamiento de los manifestantes y la inocuidad de sus lemas y pancartas no justificaron la fuerza desplegada por la policía. Ese uso injustificado de la fuerza contra la demandante en particular, que nunca había sido arrestada o procesada por acciones violentas durante las protestas, fue por lo tanto suficiente para que el Tribunal concluyera que la injerencia en sus derechos había sido desproporcionada". La Audiencia Nacional en 2019 falló sobre la reclamación de Guzmán contra el Ministerio de Interior para que la indemnizara por las heridas sufridas. Recibió 10.000 euros.

Los manifestantes protestaban contra los recortes presupuestarios y después de concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 personas decidieron continuar con la marcha de forma espontánea hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos comiendo. Allí desplegaron una pancarta en la que podía leerse "Stop a la criminalización de la protesta social".

Incapacidad permanente por los golpes

La Policía dispersó a los manifestantes, entre los que estaba Guzmán, que fue golpeada con una porra y tuvo que ser trasladada a un hospital con heridas en la cabeza, la boca y una mano. En 2016, el Instituto de Medicina Legal de Valladolid determinó que tenía una "incapacidad permanente" a causa de dichas lesiones.

Los tribunales de justicia desecharon el proceso penal contra los agentes por lesiones físicas al considerar que "no habían tenido más remedio que usar la fuerza ante una situación de violencia y desórdenes públicos". Guzmán planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue declarado inadmisible en 2017.

También se suscitaron procesos penales contra tres de los manifestantes, si bien fueron absueltos en 2018. El juez del caso concluyó que los acusados habían sido reprimidos con violencia sin que mediara ningún aviso por parte de la Policía, a pesar de que no estaban bloqueando el tráfico ni enfrentándose a los agentes.

Este fallo de 2018 fue tenido en cuenta por la Audiencia Nacional en 2019 cuando falló sobre la reclamación de Guzmán contra el Ministerio de Interior para que la indemnizara por las heridas sufridas.