La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia contra los que fueran altos cargos de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, además de sobre seis empresarios implicados en las irregularidades acontecidas alrededor del alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como La Perla Negra, en el municipio de Arroyo de la Encomienda.
Este juicio se ha dilatado ampliamente en el tiempo, con hasta veinte sesiones entre el 26 de febrero y el 8 de mayo de 2024. En 309 páginas, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dado a conocer su fallo: condena a los tres mencionados y a los empresarios Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3; Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, así como a Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo (PEP).
En el caso de Delgado, el tribunal le achaca audor de de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, penado con hasta tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación especial por el primero y dos años y seis meses de cárcel por el segundo. Del resto de cargos que le imputaban ha sido absuelto. A Begoña Hernández, por su parte, se le ha condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa, con dos años de cárcel y dos meses de inhabilitación. Por último, a Juan Carlos Sacristán, le han impuesto dos años de prisión y un mes y quince días de inhabilitación por el mismo delito.
En el caso de los empresarios, Germán José Martín Giraldo, administrador de Urban Proyecta, ha sido condenado a once meses de cárcel por violación de secretos en concurso, además de por delito continuado de tráfico de influencias. Ángel Román Montes, gerente de Urban, ha recibido una condena similar por haber cometido el mismo delito que Giraldo, mientras que Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; Francisco Esgueva, de Grupo San Cayetano y de Parque Empresarial de Portillo (PEP); Luis Angel Rodríguez, presidente de Parque Empresarial de Portillo, y Carlos González Maestro, administrador de Parque Empresarial de Portillo, han recibido una pena de siete meses de prisión y una multa de 1,4 millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias. A todos los condenados se les ha aplicado una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Indignación en la oposición
Por su parte, fuentes socialistas han lamentado este caso de corrupción y sus consecuencias, al que se han referido como "uno de los mayores de Castilla y León", y han recordado que está "protagonizado por el Partido Popular".
"Estamos deseando conocer la opinión de Alberto Núñez Feijóo sobre esta sentencia. Su valoración de unos hechos que siguen amontonándose en la montaña de corrupción que arrastra el PP, un partido al que le quedan pendientes casi 30 juicios por los que se sentarán en el banquillo importantes nombres propios del PP en los últimos años", afean y recuerdan las mismas fuentes.
"Los juzgados están tratando de cerrar el periodo de mayor corrupción conocido en nuestro país, bajo el gobierno nacional del PP y también en varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Una etapa negra, en la que la corrupción era el principal problema para los españoles", han señalado.