Este miércoles se inaugura la jornada de cuentas pendientes en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez comparece en la Cámara Baja en medio de un microclima más enrarecido de lo habitual. El “aquelarre ultra” del domingo capitaneado por el presidente argentino, Javier Milei, con Santiago Abascal como telonero, ha disparado los niveles de inflamación de un Pleno en el que el presidente del Gobierno abordará las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, 24 horas después de conocerse que la Guardia Civil no ha hallado indicios de delito de tráfico de influencias. Con todo, Partido Popular y Vox harán caso omiso al informe de la UCO y redoblarán la presión sobre los “casos de corrupción del entorno de Sánchez”.
Sánchez anunciaba la semana pasada que comparecía ante sus señorías para rendir cuentas, a petición propia, sobre la última reunión del Consejo de Europa. Aprovechando la coyuntura, recogió el guante del Partido Popular y aceptó incluir en el debate las actividades profesionales de Begoña Gómez, el reconocimiento del Estado palestino y el estado de la negociación con Reino Unido sobre Gibraltar. PP y Vox, sin embargo, tal y como han escenificado este martes desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados, centralizarán el debate sobre la “corrupción” que atribuyen al Gobierno y al entorno del presidente en un marco de batalla sin cuartel por canalizar el sentimiento crítico a Sánchez de cara a las elecciones europeas del 9J y la inflamación externa de Javier Milei.
Serán las soflamas del ultraderechista argentino, así como Koldo y las informaciones en “pseudomedios” sobre Begoña Gómez las que copen un pleno que se prevé tenso y cuasi maratoniano. El Partido Popular se ha encargado de calentar las horas previas. Primero, con quejas por el “poco tiempo” del que dispondrán para dar la réplica a la intervención inicial de Sánchez -sin límite de tiempo- y, en segundo término, con la difusión de un documento de 100 preguntas sobre la trama de compra de mascarillas que el presidente del Gobierno “no ha contestado”.
El portavoz parlamentario conservador lo anunciaba ante los medios, desafiando al informe de la UCO y justificando que no se trata “ni de rumores ni de bulos”. Tellado explicaba las 100 preguntas responden a hechos que han motivado “detenciones, apertura de diligencias judiciales” o investigaciones de la Guardia Civil. Las conclusiones del Instituto Armado, sin embargo, son harina de otro costal para el Partido Popular, desligándolas del carácter que reviste un dictamen judicial. El popular garantiza que su Grupo asumirá el papel fiscalizador que no se arrogan “sus socios de investidura”. “Es nuestro deber”, resumía.
Para este asunto, el PP contará con la inestimable cooperación de Vox. Los ultraderechistas, al igual que sus socios, ignoran la investigación de la Benemérita y mantienen la presión sobre Sánchez con su esposa. Profesan su “máximo respeto” hacia las pesquisas de la UCO, al tiempo que contrarían sus conclusiones. Así lo manifestaba su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, quien insistía en la existencia inequívoca de señales que apuntan a una presunta “actuación irregular” de Begoña Gómez en su actividad profesional. Creencia que enmarcaba entre las fronteras “legales, morales, éticas y estéticas de quien es la mujer del presidente”. En cualquier caso, asumen que el jefe del Ejecutivo se escudará en el Estado y catalogará de “facha y fascista” a quien se salga del relato monclovita.
Un campo de batalla, múltiples trincheras
La afrenta de la derecha contra Sánchez no será la única. En medio del fuego cruzado se dirime una batalla intestina entre los dos actores que constituyen el frente “antisanchista”. Las elecciones europeas apremian y las palabras de Milei han desnudado a un Partido Popular que vuelve a rebufo de sus socios. Los conservadores han basado su estrategia en la improvisación, en función del exabrupto que lancen los vecinos de su derecha. Batalla electoralista para laminar al rival que deja a Alberto Núñez Feijóo, de nuevo, navegando entre las calmadas aguas de la moderación y la marea resacosa de la testosterona ultra.
En paralelo, el bloque de la investidura intensificará su radio de acción en torno a la cuestión palestina, dejando también de soslayo la cuestión gibraltareña y el cónclave de jefes de Estado y de Gobierno europeos. La antigua pareja de baile socialista en Moncloa ya avisaba este martes, acusando a Sánchez de “actuación electoralista” en la réplica gubernamental a Milei y contraponiéndola a la suavizada respuesta al “genocidio” palestino a manos de Israel. “Nos parece bien cualquier gesto ante los insultos de la internacional reaccionaria, pero no entendemos esa falta de contundencia ante el genocidio en Gaza”, apuntaba el coportavoz de la formación, Javier Sánchez Serna, a tenor de la retirada de la embajadora en Argentina.
En términos similares se pronunció el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la Carrera de San Jerónimo. A través de su perfil en X, antes Twitter, Gabriel Rufián ironizaba sobre la falta de coherencia del Gobierno en su réplica a Milei. “A ver si Netanyahu, además de asesinar a 30.000 personas en 7 meses, insulta a alguien que aprecie a Pedro Sánchez para que también retire a su embajador en Israel”, escribía. Desde Sumar también querían aportar su granito de arena y presionaban al socio mayoritario de la coalición para romper relaciones con Israel cuanto antes.
Lío con los tiempos
Los dimes y diretes de los diferentes grupos opacaban el “punto Tellado” -como lo ha bautizado Íñigo Errejón- de la Junta de Portavoces de este martes. En el cónclave de cada de semana se dirimía la estructura del Pleno del miércoles. Al tratarse de una comparecencia “ómnibus”, el Partido Popular puso el grito en el cielo al entender que los 15 minutos previstos para este tipo de comparecencias eran insuficientes, por lo que exigían que se ampliasen a un máximo de 45 minutos para la primera réplica. A su vez, reclamaban que las contrarréplicas pasasen de 5 a 15.
En total, una hora de intervención por cada grupo, lo que habría llevado a un total de nueve horas de debate. Sólo contando con los turnos de la oposición, a los que habría que sumar el tiempo que destine Sánchez a su discurso inicial y a las preceptivas respuestas individualizadas. Finalmente, la Junta de Portavoces se ha decantado por ampliar siete minutos el cómputo total de los grupos (20 de réplica y 7 de contrarréplica), lo que llevará a que los diferentes portavoces puedan hablar 4 horas y cinco minutos en total, habida cuenta de que está prevista la sesión de control al Gobierno tras el “debate ómnibus”.
En rueda de prensa, Tellado clamaba contra la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, acusándola poco menos que de “adulterar” el debate. El PP justificaba su postura en base a que “mezclar intereses generales de España en política interior, con particulares de personas del entorno político y personal del Gobierno” resulta contraproducente. De ahí, que los conservadores remitieran el documento de las 100 preguntas a Moncloa.
La petición de Tellado no ha caído bien entre los socialistas. Patxi López le echaba en cara que la semana pasada “no dijera ni mu” sobre la acumulación de temas en la comparecencia de Sánchez ni tampoco con los tiempos. “¿O es que cuando gobernaban en Galicia daban 20 minutos a la oposición?”, preguntaba con sorna el portavoz del PSOE en el Congreso. Su homólogo de Sumar, Íñigo Errejón, cuestionaba en paralelo la capacidad parlamentaria de los conservadores: “Si no puedes explicar algo en 27 minutos es que no lo puedes explicar”.
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