La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha puesto como exigencia en su “acuerdo único” con el Partido Popular y Ciudadanos derogar las leyes en la región contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que, básicamente, son los pilares de la defensa del colectivo LGTBi.

Monasterio ha adornado, durante su intervención esta mañana, para anunciar sus requisitos de negociación, en un discurso a favor de “la libertad de los padres para educar a sus hijos”, la propuesta de Vox de derogar la Ley 2/2016, del 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, del 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes.

La libertad de educación como pretexto

El discurso de la candidata de Vox sonaba bonito cuando ha dicho que su partido pretende garantizar la “libertad de educación y de pensamiento” y “la libertad educativa, el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos”.

“Que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”, continuó la líder de la ultraderecha en Madrid, que de tapadillo anunció que Vox pondrá sobre la mesa de negociación con Vox y Ciudadanos la derogación de las dos leyes que protegen los derechos del colectivo LGTBi de cualquier manifestación de homofobia.

Los artículos a derogar

Cuando se le ha pedido precisar qué aspectos de las dos leyes quieren derogar, Monasterio ha amontonado las cifras al referirse a los artículos en cuestión, que, a grosso modo,  esteblecen aspectos como la “no discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género o características sexuales” y reconocen la “igualdad de derechos” a todas las personas, independientemente de su orientación sexual; la obligatoriedad de las administraciones públicas de la Comunidad de facilitar la “integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación”, al proveer "a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Artículos que contienen “medidas contra la transfobia” y fijan las directrices para “la mejor integración social de las personas transexuales”, así como programas de “sensibilización u otros dirigidos a contrarrestar entre el personal funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las administraciones y de los organismos, sociedades y entes públicos madrileños las actitudes discriminatorias, los prejuicios y los estereotipos dominantes por motivos de identidad de género”.

Sobre si el requisito de derogación de los artículos es innegociable, Roció Monasterio ha matizado que es "un marco de negociación y en ese marco las tres partes negocian y ceden".