Reprimenda de la ONU al Gobierno del PP: tiene la obligación de investigar los crímenes del franquismo

El Comité de desapariciones forzadas de la ONU ha emitido su dictamen para España tras escuchar a la delegación oficial del Gobierno español (), a asociaciones de víctimas, juristas e instituciones. En su informe insta a España a investigar todas las desapariciones forzadas de manera imparcial y exhaustiva independientemente del tiempo transcurrido y haciendo clara referencia a los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo. Es la segunda reprimenda que este comité imparte al ejecutivo de Mariano Rajoy por su insistencia en no investigar los crímenes del franquismo que el Gobierno considera zanjados por la Ley de Amnistía

La comisión recuerda al Gobierno del PP que la investigación es obligación del Estado, y que los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Recomienda además, la creación de una comisión de expertos independientes que determine la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado.

Peligroso investigar antes del 2010
La delegación española, a cuyo frente se encontraba la embajadora de España ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, señaló los “peligros” de concentrarse “de forma excesiva” en los actos anteriores al 2010, año de inclusión de nuestro país en el Convenio europeo sobre esta materia, ha señalado la Fundación Internacional Baltasar Garzón a ELPLURAL.COM.

España justificó el archivo masivo de denuncias
“Ante los miembros del comité, España reafirmó la aplicación de la Ley de Amnistía y la aplicación de los plazos de prescripción, justificando así el archivo masivo de las denuncias interpuestas por las víctimas de desaparición forzada. Entre sus conclusiones, la Embajadora Menéndez Pérez apuntó que su delegación recibió con sorpresa el gran número de preguntas del Comité en este sentido, las cuales consideraban estaban fuera de la competencia de éste.”, ha explicado un portavoz de FIBGAR, fundación cuyas recomendaciones han sido incluidas por el Comité de la ONU en su propio dictamen.

Investigar aun sin denuncia
El comité insta al Estado parte a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

Que los autores sean declarados culpables
Del mismo modo exige “que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.”

Que los tribunales velen por las víctimas
El Comité exige al Estado parte a velar por que se garantice el ejercicio de la jurisdicción de sus tribunales sobre los delitos de desaparición forzada, y observa con preocupación que los tribunales militares resultarían competentes para investigar, instruir y juzgar actos de desaparición forzada cometidos en el ámbito castrense. “El Comité considera que, por principio, los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la Convención para abordar violaciones a los derechos humanos como las desapariciones forzadas”

Auxilio a los requerimientos de otros países
Otra recomendación es la de que el Estado asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados partes que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada. Asimismo, lo alienta a velar por que las autoridades correspondientes presten todo el auxilio posible cuando reciban solicitudes. (Aquí hay que recordar los obstáculos interpuestos por las autoridades españolas para realizar las videoconferencias de la querella argentina contra los crímenes del franquismo en el consulado de Argentina en Madrid).

Estos crímenes no prescriben
“Este tipo de crímenes tiene un carácter permanente y continuo, y por tanto no sujetos a prescripción hasta que no cesa la actuación ilícita, es decir, hasta que se conozca el paradero de la víctima, o hasta que se inicie una investigación, y en España no la ha habido”, ha manifestado en un comunicado al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM por su parte Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR quien  fue absuelto de prevaricación por el Tribunal Supremo al haber abierto el proceso por los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional si bien en la sentencia absolutoria el tribunal cerro el paso a la investigación penal de estos delitos.



Garzón: Que los jueces no investiguen
A este respecto ha dicho Garzón: “La sentencia del Tribunal Supremo fue un mensaje claro, diáfano y contundente a los jueces para que no investiguen”, dijo el magistrado, “a día de hoy se puede decir que en España no hay ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, ni por el robo de niños durante la dictadura, -más de 30.000 personas-, lo que significa que España está incumpliendo flagrantemente el derecho humano a la verdad, la justicia y la reparación”.

Obstáculos para las familias
El Comité valora la adopción de la Ley de Memoria Histórica, y dice que "las medidas que esa ley prevé para la localización e identificación de las personas desaparecidas dependen de la iniciativa de los familiares” y le inquieta "la información recibida sobre los diversos obstáculos con los que los familiares se habrían enfrentado en sus búsquedas".

La Ley de Memoria Histórica sin recursos
“La ley de la Memoria Histórica no ha hecho nada por esclarecer los hechos, tampoco el Gobierno le ha dotado de recursos suficientes, dejando que las víctimas lleven la iniciativa. Esto es una nueva re victimización, quién tiene la obligación de investigar es el Estado”, afirmó Garzón ante el Comité la semana pasada.

Una comisión de la Verdad
Las observaciones del Comité invitan también a España “a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas.” Es decir, a crear una Comisión de la Verdad en la línea en que instituciones como la Fundación que preside Garzón están reclamando.

ARMH: El Gobierno debería pedir disculpas
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha manifestado: “El Gobierno español no puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos y debería disculparse públicamente por haberlas maltratado. Y tendrá que buscar a los desaparecidos, una responsabilidad que hasta ahora reposaba en las asociaciones y las víctimas”.

Justicia para unas violencias y no para otras
La ARMH presentó en agosto del año 2002  ante el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada la primera reclamación de víctimas del franquismo con la entrega de las fichas de 64 desaparecidos entre los años 1936 y 1949. Afirma que “estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”.

Madres luchando por sus hijos robados
También Francisco González Tena, en nombre de la Coordinadora X-24 ha manifestado: “Como uno de los primeros colectivos en reclamar la intervención de la Comisión en especial por lo que afecta a las víctimas por el robo de niños en España, no podemos por menos que felicitarnos y felicitar a miles de madres que han luchado con todos los vientos en contra. También, es necesario que sus hijos, conozcan su verdadera identidad.

Desconfianza en el Gobierno
Reitera González Tena que “aún hoy, se les sigue negando el derecho a conocer su identidad biológica, impidiéndoles acceder a archivos protegidos por el Estado y por la Iglesia, nuevamente en maridaje. Emplazamos desde aquí a que el Gobierno sea capaz de poner en marcha todos los mecanismos a su alcance para cumplir estos requerimientos. Por la experiencia de las estrategias de distracción e incumplimiento de este Gobierno no confiamos ni en su diligencia ni en su eficacia".