La llegada de Mariano Rajoy al gobierno supuso un cambio radical en el modelo sanitario en España. De estar basado en la ciudadanía, tener carácter universal y gratuito, gracias a las leyes generales de Sanidad y Salud Pública aprobadas en el año 1986 y 2011 por los gobiernos de Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, respectivamente, se ha pasado a centrarse en la condición de asegurado.

Marco general del Sistema Nacional de Salud

Las consecuencias inmediatas han sido las exclusiones de diversos colectivos como los inmigrantes no regularizados, los extranjeros con estancias temporales en nuestro país, así como los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, aunque con posterioridad mediante una orden ministerial, se les asegura cobertura como sin recursos si tienen rentas inferiores a los 100.000 euros anuales. Por último, esta medida también afecta a quienes vivan fuera durante más de 90 días fuera de nuestras fronteras.

Como contrapunto se establecieron una serie de convenios especiales para amparar a las personas fuera de cobertura sanitaria, pero con precios prohibitivos que cercena los derechos de los colectivos más necesitados, principalmente al de los inmigrantes irregulares. Estas disposiciones, como era previsible, no han tenido éxito.

El Real Decreto Ley del gobierno del PP, también ha establecido transformaciones en los servicios, fraccionándose en tres: básico, complementario y suplementario. El primero gratuito, pero sujeto a revisión. Mientras los dos siguientes sujetos a copagos.

En la actualidad la básica ha sufrido pocas modificaciones, no respondiendo a criterios sanitarios, ni mucho menos lógicos, sino a los estrictamente ideológicos, como la exclusión de las parejas homosexuales o las mujeres sin pareja de la reproducción asistida.

Por otra parte, la siguiente consecuencia sobre la accesibilidad sanitaria, ha sido la implementación de nuevos copagos o el aumento de los ya existentes, Los de nueva creación afectan a los pensionistas, hasta ahora exentos del pago de medicamentos, al tiempo que se ha aumentado el farmacéutico en las personas activas, que pasa del 40% al 50%.

Galicia: privatizaciones y reducción del presupuesto sanitario

Siguiendo la estela emprendida por el gobierno central, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha emprendido una escalada de recortes que ha comenzado con la reducción del presupuesto sanitario en más de un 18% desde el año 2009, resultando la más perjudicada la atención primaria con más de un 22%. Esta reducción ha traído como consecuencia la reducción de personal, ya que desde el inicio de la crisis hasta la actualidad se han perdido casi 1800 plazas en la sanidad pública gallega y la eliminación de camas en los hospitales: 447 entre 2010 y 2014. Todo esto ha repercutido en el incremento de las listas de espera hospitalarias, que se llegan a multiplicar por cuatro, a pesar de que intentan camuflarlas publicándolas semestralmente, en vez de trimestralmente, para evitar la evidencia de la disminución de los recursos.

Por otra parte, la utilización del modelo de colaboración Público-Privada para la construcción del nuevo hospital de Vigo (Álvaro Cunqueiro) ha derivado en el sobrecoste del centro, que pasó de 450 a 1750 millones, lo que no ha conllevado mejoras, ya que se han rebajado el número de camas, los quirófanos, o la superficie de Urgencias y los servicios de radiología.

Así mismo, las empresas públicas que han pasado a manos privadas son el Laboratorio Central de Galicia, adjudicado a Unilabs; la historia clínica electrónica, que ahora gestiona Indra; las telecomunicaciones del Servicio Gallego de Salud de Galicia (SERGAS), del que se encarga Telefónica; la Plataforma Electrónica y el teléfono de cita previa, encomendados a Netaccede; así como el Servicio de Suministros y Logística, tramitado por Severiano Servicio Móvil; el mantenimiento de equipos sanitarios, diligenciado por Ibérica de Mantenimiento SANA; y las contrataciones del SERGAS, de las que se ocupa Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, participada por Microsoft, Telefónica e Indra.

Recientemente Feijoo ha propuesto el proyecto de la Ley de Salud de Galicia, que aborda el servicio desde una perspectiva puramente asistencial, ignorando la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, así como la rehabilitación y la reinserción del enfermo.

Teniendo en cuenta que desde el año 2012, por primera vez después de un siglo, la esperanza media de vida ha descendido, con la puesta en marcha de esta ley lo mejor será no ponerse enfermos.