El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda "inmediatamente" la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de mantener las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención dictadas contra él y contra el exconseller Toni Comín tras ser elegidos diputados del Parlamento Europeo.
Según explica el recurso presentado ante el tribunal de garantías el pasado 2 de enero, la decisión del magistrado adoptada en junio del año pasado, y que fue avalada por la Sala de lo Penal dos meses después, tras conocer que habían sido proclamados eurodiputados es "manifiestamente arbitraria".
El abogado Gonzalo Boye destaca en su escrito que de no aceptar esta medida cautelarísima -que debe tramitarse con urgencia- se perdería el objeto del recurso porque los líderes independentistas "podrían ser detenidos, mientras se tramita este recurso de amparo, por unas órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión que no han sido autorizadas por el Parlamento Europeo".
Algo que, según el letrado, sería contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoció la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019 y que podría tener incidencia en sus clientes.
El recurso de amparo se ha interpuesto en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que confirmó el criterio del instructor del procés de rechazar dejar sin efecto la orden de detención nacional que ya pesaba sobre él. Para la Sala, para aplicar este privilegio no basta su condición de europarlamentario electo sino que es obligatorio haber adquirido la condición de eurodiputado, lo que no sucedió.
Debido a esta decisión, el expresidente de la Generalitat y el exconseller no pudieron comparecer ante la Junta Electoral Central para realizar los trámites necesarios y recoger sus actas de diputados. Así, el 20 de junio de 2019, el órgano supervisor de los procesos electorales dictó sendos acuerdos en los que decidió no tener por efectuada la promesa o juramento y declarar vacantes los escaños correspondientes a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín, resoluciones que han sido impugnadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
