El PSOE llevará el próximo martes al pleno del Congreso una proposición no de ley para presionar al Partido Popular ante la “oleada negacionista” de las políticas de memoria histórica que los conservadores despliegan junto a Vox en territorios como Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana. El texto consta tan sólo de dos puntos y busca que el principal partido de la oposición se retrate sobre la necesidad de “dignificar” a las víctimas del franquismo. De esta manera, persiguen que el Ejecutivo garantice “en el marco de sus competencias” la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en estas autonomías.
La que viene será una semana intensa en el Congreso de los Diputados. A la consabida comparecencia de Pedro Sánchez para rendir cuentas sobre la última reunión del Consejo de Europa, los contactos con Reino Unido por Gibraltar, la cuestión palestina y los presuntos negocios de Begoña Gómez, se le suma un debate que se presupone también acalorado. Aprovechando la deriva “negacionista” en términos de Memoria Democrática de Partido Popular y Vox en las autonomías donde gobiernan en coalición, el PSOE llevará al pleno el próximo martes una iniciativa sobre la “dignificación” a las víctimas del franquismo.
Los socialistas han perfilado un texto mediante el cual plantean la réplica a la deriva del principal partido de la oposición con su agenda legislativa contra la memoria histórica. De este modo, buscarán que los populares se retraten en la sede de la soberanía nacional, con una proposición no de ley que consta de sólo dos puntos. El primero, orientado hacia el deber democrático de la reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, mientras que con el segundo se persigue que el Gobierno garantice la aplicación del articulado de Memoria Democrática en todo el territorio nacional y en “el marco de sus competencias”.
El texto se refiere al “deber y compromiso” de proceder a la “dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y, posteriormente, sufrieron y padecieron las consecuencias y la represión del franquismo”. Será un debate concebido a modo de contestación a las denominadas Leyes de Concordia impulsadas por el Partido Popular y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, sustituyendo a la normativa vigente.
El Grupo Parlamentario Socialista recalca que las legislaciones autonómicas comportan un “desprecio a las víctimas de la guerra y de la dictadura”, además de un “desafío a la aplicación, implementación y desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática”. Moncloa ya anunció, en plena escalada de confrontación con los mencionados gobiernos autonómicos, que las elevaría al Tribunal Constitucional. Además, el Ejecutivo avanzó que las denunciaría también ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Toque de la ONU
Ya el pasado mes de abril, Moncloa trasladó estas legislaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo no tardó en emitir un informe mediante el que se alertaba de que la normativa impulsada por conservadores y ultraderechistas podrían “invisibilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” perpetradas por el régimen “dictatorial” franquista.
Los relatores que estamparon su firma en el texto de la ONU subrayan la importancia de no discriminar tipos de víctimas a la hora de reconocer y reparar a las mismas, indicando que las leyes de concordia podrían conducir a la asimilación de las violaciones cometidas durante el régimen de Franco y la Guerra Civil “a un grupo heterogéneo de crímenes cometidos por diferentes actores estatales y no estatales a lo largo del siglo XX en España”. De tal modo, la organización advierte de otras repercusiones como la supresión del reconocimiento a “los centenares de miles” de personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por la dictadura.
En el escrito, se precisa que es deber de “todos los poderes del Estado”, incluyendo al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de todas las “entidades de Gobierno” a escala nacional, regional o municipal, dar cumplimiento a la “obligación de proteger los Derechos Humanos”, comprendida la obligación de garantizar la “preservación histórica de la memoria de graves violaciones” de éstos. "Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", rematan los relatores en el escrito.
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