El gobierno autonómico de las Islas Baleares, en poder del PP con el beneplácito programático de Vox, está empezando a notar el giro reaccionario derivado de las políticas de la derecha y la extrema derecha. Los principales damnificados de esta primera hornada de decisiones controvertidas serían IB3, la radiotelevisión pública balear, y la Oficina de los Derechos Lingüísticos, cada una de ellas por diferentes motivos.
De acuerdo con una información de elDiario.es y Última Hora, el Govern de Marga Prohens estaría trabajando en una modificación de la ley que rige el funcionamiento de IB3, con el objetivo de tener un mayor control sobre este servicio público. La meta principal de esta reforma sería cesar a Andreu Manresa, actual director de la cadena que fue reelegido en 2022 y cuyo mandato no termina hasta 2028, por lo que, con la actual legislación, mantendría su cargo durante toda la legislatura del Gobierno derechista.
De acuerdo con la legislación vigente, el mandato de los miembros del Consejo de Dirección de IB3 es de seis años desde su nombramiento, tal y como sostiene el artículo 16.1, y son elegidos por el Parlament por tres quintas partes en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación (artículo 15.1). También es competencia de la cámara autonómica la designación del director o directora general, cargo que en este caso ostenta Andreu Manresa.
Siempre de acuerdo con las fuentes citadas, "forzar la salida de Manresa es el objetivo del nuevo Ejecutivo autonómico, pero con la ley actual no pueden hacerlo porque su mandato está casi recién estrenado", de modo que sólo saldría del cargo si él mismo renunciase y de ahí el deseo de los 'populares' de modificar la ley para poder hacerlo. La ley actual se aprobó en 2015, a propuesta del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos la modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, que regía hasta entonces la radiotelevisión pública balear. El PP y Ciudadanos votaron en contra.
El Govern, por su parte, asegura no haber hecho ninguna propuesta para modificar esta ley. "No se ha tomado ninguna decisión respecto a IB3 y Andreu Manresa continúa siendo el director general”, exponen desde el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, las mismas fuentes puntualizan que "se está analizando la situación del ente público" y no han confirmado ni desmentido un posible cambio legislativo.
Otro de los agentes con voz en una situación como esta, como es la Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB), se ha hecho eco de estos rumores y ha criticado la presunta intención del Govern de modificar la Ley 15/2010 del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. "Es un movimiento para forzar el relevo del director general actual, cuyo mandato, por imposición legislativa, es de seis años, lo que supondría que puede continuar en el cargo hasta 2028", han expuesto.
También desde la APIB se ha denunciado que la propuesta del PP para hacer que el mandato del ente público sea de cuatro años para hacerlo coincidir con las legislaturas implicaría una "vinculación ideológica" al gobierno de turno. "La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, también establece un mandato de seis años para el director general de RTVE”, han recordado. Está por ver cuál es la senda que toma este asunto y cuál es el futuro de Andreu Manresa con Prohens al frente del Govern.
Vox, con todo contra el catalán
Otro de los damnificados con el nuevo Ejecutivo balear es la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que será sustituida por la Oficina de Libertad Lingüística, que fue una de las condiciones que Vox impuso para aceptar el acuerdo de Gobierno con el PP. ¿El objetivo de esta nueva Oficina? "Luchar contra la imposición del catalán" y "defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas". Una función que ya cumplía la anterior Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, respetando, además, la cooficialidad lingüística de la región y sin considerar como una imposición ninguno de los idiomas que se hablan en el territorio. El nuevo organismo comenzará a funcionar en 2024, cuando se pacten los nuevos presupuestos.
Esta oficina no es la única medida que ha tomado la extrema derecha para luchar contra la por ellos llamada "imposición del catalán". El 31 de julio fue derogada una ley que llevaba vigente durante 35 años, para que el Consistorio se dirija al ciudadano en castellano si éste utiliza este idioma en primera instancia. Además, se cambió el dominio de las Corts en la web de ".cat" a ".es".
Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, aseguró que este organismo se trata de “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma”, a pesar de que la extrema derecha no tiene forma alguna de aseverar que el uso del castellano estuviera siendo coartado en la comunidad autónoma antes de la firma del acuerdo programático.
El líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, tildó de “hito histórico y muy razonable” que se crease esta oficina para "equiparar el uso del castellano y el catalán, terminar con la imposición del catalán en las aulas y que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español en todas las etapas educativas”, algo que ya ocurría previamente y estaba, precisamente, sometido a la elección de las familias. Cabe recordar, además, que la iniciativa que estableció la libertad de elección de la primera lengua de enseñanza fue aprobada por el PP durante el curso 2012-2013, durante el mandato de José Ramón Bauzá.
