El Partido Popular de Esperanza Aguirre acudió dopado a las elecciones a la Comunidad de Madrid del año 2011. Según un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ElPlural.com, fechado a 11 de enero e incorporado recientemente al caso Púnica, la formación habría utilizado el doble del dinero permitido por la Cámara de Cuentas. Y su origen no era precisamente lícito ni regular. La Guardia Civil detalla el uso de facturas falsas y emitidas antes del periodo electoral, presuntas donaciones ilegales de empresarios e, incluso, el desvío de subvenciones públicas contra el paro.

La legislación prohíbe pagar costes derivados de la campaña electoral con cuentas distintas de las habilitadas específicamente para ello. Pero el PP se buscó las habichuelas.

En lugar de contratar directamente, los populares utilizaron el Laboratorio de Almagro 36 SL, Back RVS Producciones Culturales Comunicación y Servicios SL así como otras compañías para subcontratar.

El modus operandi era el siguiente, según la UCO: “Proveedores directos de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid, como la empresa Central de Producers Madrid SL, no fueron contratadas por la citada formación política, sino subcontratados por una empresa intermediaria -El Laboratorio de Almagro 36 SL-, la cual ocultó la verdadera naturaleza electoral de los trabajos encargados y facturados, sirviéndose para ello de una facturación anticipada y abonada meses antes de los comicios electorales referenciados por el Partido Popular de Madrid, al objeto de omitir cualquier posible referencia con los servicios verdaderamente realizados para la campaña electoral”.

Sobre las facturas de El Laboratorio de Almagro 36 SL, la UCO señala que “en su primera versión contemplaban referencias explícitas a la campaña electoral y que en la versión definitiva fueron omitidas, refleja la intencionalidad de la finalidad pretendida que no es otra, a juicio policial, que la de evitar que en las facturas emitidas a la formación investigada se incluyese cualquier concepto o referencia a los comicios electorales que revelase la verdadera naturaleza del objeto de las prestaciones realizadas”.

En otras palabras, el PP pagó facturas a empresas intermediarias que subcontratarían servicios con terceras empresas que se realizarían en periodo electoral.

La empresa Back RVS, según el informe, manipuló facturas para esconder que fueron pagadas con cuentas ordinarias. Entre otros, mediante este método se sufragó un acto de Esperanza Aguirre junto a Mariano Rajoy, concretamente, el de abril de 2011 en Alcalá de Henares.

En suma, los investigadores cifran en 1.160.754 euros el montante total sufragado mediante este método. Pero como avanzamos, había tres vías irregulares.

La segunda tiene que ver con el desvío de subvenciones públicas. La fundación afín a Esperanza Aguirre, FUNDESCAM, utilizó ayudas para investigar y analizar los efectos de la crisis en el mercado laboral para pagar diferentes eventos como “cenas de Navidad, gastos de celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas y sondeos de intención de voto”. En resumen, se destinaron los 109.827 euros destinados a evaluar el desempleo -y de facto combatirlo- para financiar eventos del partido.

La tercera vía es ya de sobra conocida en el PP. Se tratan de donaciones no declaradas realizadas por empresarios afines a la formación. En concreto, este informe señala a la empresa OHL, constructora de Javier López Madrid, que habría aportado 1.250.000 euros. Esta cuantía habría sido apuntada por el entonces gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como parte de la caja B.

El Partido Popular declaró a la Cámara de Cuentas algo más de 2,9 millones de euros, unos 300.000 menos del límite establecido. Sin embargo, este informe sitúa el gasto en 6,2, sumando donaciones irregulares, desvío de fondos públicos y facturas pagadas fuera del periodo electoral a servicios que se prestaron en dicho periodo.