La gestión de la sanidad pública en los territorios gobernados por el Partido Popular lleva años dejando titulares sobre las adjudicaciones al Grupo Empresarial Electromédico (GEE), especialmente en la Comunidad de Madrid, región principal de su actuación. El nombre de las sociedades de este entramado, que se lleva hasta el 90% de las adjudicaciones por mantenimiento de equipos de electromedicina en Madrid, ha aparecido en multitud de contratos opacos, adjudicados sin concurso ni publicidad, y prorrogados fuera de su plazo legal para mantener la financiación hacia ellas. Son ya muchos los años en los que esta empresa ha sido regada por ejecutivos del PP, y ElPlural.com ha publicado sendos artículos sobre el asunto. En total, desde que el GEE empezase a recibir el beneplácito de los Gobiernos 'populares', son casi 150 millones de euros en contratos y prórrogas. La Comunidad de Madrid es el epicentro de este caso, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ella misma reconoció, entrega anualmente una facturación millonaria a este grupo a través de los hospitales públicos de la región, pero no es el único territorio en el que han rubricado sumas millonarias.
Hasta la fecha, la cantidad de dinero que ha ido a parar a los bolsillos de este grupo empresarial roza los 150 millones de euros entre innumerables adjudicaciones en hospitales, prórrogas contractuales y otros asuntos. Las polémicas se remontan a casi dos décadas: ya en 2008 esta empresa empezó a recibir firmas y concesiones de las administraciones dirigidas por el PP en Madrid, y en 2019, ya eran 7 los hospitales a los que habían llegado sus tentáculos: La Paz, el Clínico San Carlos, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Niño Jesús, el Universitario de Getafe y el Carlos III, con un montante total, hasta entonces, de 86 millones de euros en contratos entre estos centros.
El hospital de campaña de IFEMA, el Isabel Zendal, también fue otro de los lugares donde el GEE ganó dinero en 2020. En concreto, uno de los contratos del centro, por valor de 368.995,38 euros, recayó en la empresa Ibérica de Mantenimiento (Iberman), perteneciente al GEE, que también comprende a ASIME. Siguiendo en la cronología, en 2022, ElPlural.com publicó en exclusiva que Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, había adoptado el mismo modus operandi que su homóloga madrileña, manteniendo convenios con la propia ASIME.
Gracias a este método, esta empresa de mantenimiento de equipos de electromedicina en hospitales ha facturado cerca de 20 millones de euros en los centros sanitarios de Cádiz y Jaén, en contratos que han seguido vigentes prorrogados irregularmente. En el mismo año, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, ubicado en Madrid, también publicó tres procedimientos vinculados con equipamiento electromédico por valor superior a 27 millones de euros, todos ellos adjudicados a empresas del GEE sin concurso alguno. A su vez, aparte de las adjudicaciones más grandes, también se conocen otros contratos públicos, como los 730.747 euros que el GEE se embolsó en 2020 en contratos en el Hospital Príncipe de Asturias. El procedimiento es siempre el mismo: se preparan contratos por la vía de emergencia, sin concurso público y sin exceder en sus cantidades los 15.000 euros, para sortear la ley de contratación pública, fraccionando así las firmas en muchas partes.
Bajo la lupa judicial
La Justicia ya ha puesto su punto de mira en el proceder de las contrataciones que se realizan constantemente, así como en sus prórrogas infinitas realizadas de forma opaca. Tal y como ElPlural.com publicó en exclusiva el 22 de junio de 2020, el Tribunal de Cuentas investigó la denuncia realizada por Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) por las presuntas irregularidades en los contratos menores firmados sin ningún tipo de concurso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
A su vez, según fuentes consultadas por este periódico, el Tribunal de Cuentas empezó sus pesquisas analizando la documentación y declaraciones aportadas por los centros sanitarios y la propia Consejería. En la investigación es clave la labor desempeñada por Alejo Miranda, director general de infraestructura sanitaria de la ConsejerÍa de Sanidad de Madrid y uno de los eslabones significativos de las buenas relaciones entre la administración liderada por Ayuso y este entramado empresarial.
