El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha evitado pronunciarse este viernes sobre la condena al extesorero de la formación Luis Bárcenas y al propio partido por las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid, aunque ha señalado que la operación de venta del edificio sigue su ritmo, "sin prisa, pero sin pausa". En una entrevista en RNE, Olano ha reiterado que el PP no da explicaciones sobre hechos ocurridos hace más de 10 años y que afectan a actividades de particulares que "lo único que han hecho es perjudicar al PP", tal como ha indicado.

Así, ha señalado que la actual dirección nacional del partido no da explicaciones sobre hechos ocurridos, "hace 15 años en este caso" y que afectan a personas particulares, una postura que ha sostenido el PP en repetidas ocasiones.

Al ser preguntado sobre si la sentencia conocida este jueves va a acelerar la venta de la sede de Génova 13, Olano ha afirmado que el proceso "sigue su ritmo" y cuando se culmine se trasladarán a un nuevo lugar. Esto después de que este verano el PP anunciara que se desvincularía de la sede y cuál sería la empresa que pilota la operación.

En la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel, la Sala condena al extesorero del Partido Popular como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la Empresa Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Asimismo, le impone una sanción de 1,2 millones de euros. Por su parte, al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García les condena a dos años y nueve meses de cárcel, amén de una multa de 2,6 millones de euros. 

En contraposición, la Sala ha absuelto a los otros dos acusados en la causa: Cristóbal Páez, ex gerente del PP, y la empleada de Unifica Laura Montero. En cuanto a Bárcenas, Urquijo y García se refiere, se les absuelve del resto de delitos que se les achacaban, entre los que se incluían asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental