Anulación de parte sustancial de las escuchas
Segúnel Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), elauto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado estamañana a las partes. Paralelamente a algunas anulaciones, el juezvalida otra parte sustancial de las intervenciones telefónicas quehabían sido recurridas por los imputados o implicados dentro de un autoque no es firme. Además de aceptar algunos recursos de las defensas de Ripoll y Ortiz, seanulan otros autos sobre escuchas telefónicas a los tres exconcejalesimputados de Orihuela: Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez Larrosa yManuel Abadía, todos del PP.
Repercusión en hasta veinte causas separadas
También se invalidan pinchazos alos empresarios Rafael Gregory; y Ángel Fenoll; al hijo de éste último,Antonio Ángel Fenoll; y al empleado de la empresa de Ortiz Inusa JoséCandel.
Además, se acepta la impugnación del reparto realizadoentre varias instancias judiciales de algunas de las piezas separadas araíz de las escuchas, como las denominadas "Las Algas", "Caminos a laplanta de Proambiente", "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de laHoradada", "Jacarilla" y "Callosa de Segura". Aunque el auto serefiere a las escuchas policiales de las basuras de Orihuela y de laVega Baja, la anulación puede tener más trascendencia porque a partir deesas intervenciones telefónicas se conocieron el resto deirregularidades que dieron lugar a las citadas veintena de piezasseparadas.
Rechaza el argumento de que fueran demasiado prolongadas
El juez defiende que las escuchas deben serexpresamente argumentadas al ser solicitadas debido a que es una "medidade hondo calado en la esfera de los derechos protegidosconstitucionalmente". De esta manera, señala que debe existir uninterés expreso a partir de un supuesto delito concreto en elinvestigado, el cual debe ser desarrollado "cuanto menos de formasucinta", algo que no ocurrió en varias ocasiones. Sobre laduración de las escuchas, que recurren varios imputados por prolongada,el juez rechaza que no haya antecedentes en la Justicia española y añadeque lo conocido a través de la investigación es "excepcional".
Los socialistas exigen responsabilidades políticas
Fuentes del PSPV consultadas por ELPLURAL.COM muestran su respeto por la decisión judicial y recuerdan que todavía se puede presentar recurso contra ella. En cualquier caso recuerdan que el PP cuestiona "sistemáticamente" los procesos judiciales que les afectan pero sin exigir responsabilidades políticas a sus dirigentes imputados o implicados, y recuerdan que en este caso parte de las conversaciones anuladas mostraban a Castedo, la alcaldesa alicantina, diciéndole al empresario a Ortiz a quién debía contratar en sus empresas, o cómo éste último regaló un coche a la niñera de la regidora. Ya reclamaron al PP que Castedo no asumiera su acta de edil ante las informaciones aparecidas, una responsabilidad a la que siguen apelando. Los socialistas valencianos recuerdan asimismo que prácticamente la mitad de los diputados populares en Les Corts están implicados en casos judiciales y hasta 11 imputados, por lo que se preguntan si no es una estrategia para 'blindar' a los suyos mediante el aforamiento.
Estrategia recurrente: Gürtel, Naseiro...
Como en el caso Brugal, la estrategia judicial del PP pasa habitualmente por intentar invalidar las escuchas judiciales, lo que consiguieron con el precedente del caso Naseiro, unas grabaciones que apuntaban a financiación ilegal en el partido pero que fueron desechadas porque se consiguieron en el marco de una investigación relacionada con narcotráfico. En los últimos meses los populares también han conseguido invalidar parte de las escuchadas por el juez Garzón en el caso Gürtel, mientras que el ex presidente balear Jaume Matas intentó hacer lo propio con intervenciones telefónicas relacionadas con su imputación pero no lo consiguió.