La moción de censura presentada, debatida y votada en el Congreso de los Diputados que registró el PSOE en mayo del 2018 cambió el paso, la rutina y el destino de centenares de altos cargos que los sucesivos gobiernos de Rajoy habían nombrado desde enero del 2012.

A lo largo del mes de junio de ese año el BOE va dando cuenta de sus ceses tras los sucesivos Consejos de Ministros que aprobaron sus destituciones.  En uno de ellos, celebrado el viernes 29, fue cesada por Fernando García Marlaska como Directora General de Política Interior, Cristina Díaz Márquez.

Finalizaba así una carrera política dentro de los clanes genoveses que, entre unas cosas y otras, le había supuesto a la afectada más de siete años ocupando cargos públicos de diferente calado que más adelante detallaremos al por menor. En todo caso, su cese a diferencia de otros, no fue tan inmediato como debía haber sido. De hecho, se mantuvo un mes hasta que, finalmente, fue sustituida por Carmen López García.

Las consecuencias de su salida por la puerta lateral del Ministerio del Interior fueron inmediatas, de modo y manera que a la cesada no le quedó otra que pedir el reingreso en la judicatura e instalarse en su juzgado de instrucción nº 7 de Madrid. Retomaba asi su carrera judicial iniciada en el 2001.

Y es que María Cristina Díaz Márquez, como tuvimos ocasión de escribir en nuestro antiguo blog, allá por el 2012, no es una jueza al uso dedicada en cuerpo y alma a su profesión. Es tan multidisciplinar como conservadora. Vamos al grano

Famiglia y estudios  

Nace el 17 de mayo de 1969, es decir, ha cumplido 52 años.  Poco o nada se sabe de su vida privada. Está divorciada, es madre de dos hijos y en su momento los medios de comunicación informaron que mantuvo una relación con el locutor de radio Carlos Herrera, otro conocido genovés radiofónico.

Lo que si se sabe es que su formación académica no tiene su origen en una de las muchas universidades públicas que hay en Madrid. Siguiendo la tradición más tradicional, su licenciatura en Derecho se ha concretado en el CEU, la Universidad privada de referencia para los católicos, apostólicos y romanos genoveses. Cristina, informa su CV oficial, se especializa la rama Jurídico-Empresarial.

Como escribimos en el 2012 nada más finalizar sus estudios de Derecho, ”la cabra se tira al monte” y decide ampliar horizontes realizando un exclusivo Master en Gestión y Dirección de Empresas que mira por donde lo perpetra ni mas ni menos que en la mismísima patronal CEOE.

Jueza. Promoción 2001

Pero a Cristina le tiran las togas y tras varios y largos años preparando la oposición, con más pena que gloria, a los 32 años logra entrar en el escalafón y se hace jueza. Total, descontando los años que ha estado colaborando con los genoveses, según el último escalafón, ha ejercido 13 años en los siguientes juzgados:

Parte de estos destinos lo compatibilizó como Portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura de Madrid lo que, sin duda, contribuyó a ser mirada con cariño por los ojeadores genoveses que, un día si y otro también, revisaban el escalafón para encontrar colaboradores con toga y mando en plaza. Con el paso del tiempo, acabó como no podía ser de otra manera asistiendo a diferentes cursos organizados por FAES.

Esta simpatía mutua la llevó a ocupar un interesante puesto en comisión de servicio como asesora en la Secretaria de Estado de Justicia que por aquel entonces la ocupaba el siempre pluriempleado Rafael Catalá Polo, estrecho colaborador del último Ministro de Justicia de Aznar, el no menos polivalente José María Michavila.

Así las cosas, tras el cambio de gobierno y la llegada de Rodríguez Zapatero, se vuelve  a su juzgado de turno y desde allí conecta con el Ayuntamiento de Madrid dedicándose a dar conferencias a la plantilla de la policía municipal.

Borrado ordenadores Moncloa

La rutina judicial seguía su curso hasta que un buen día del año 2009 siendo ya titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid decide rechazar la reapertura de la causa sobre el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa que se habría cometido después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004. Para esta genovesa de postín y con toga no existían indicios de que se produjera "delito alguno". Los ojeadores tiraban cohetes esperando el momento para compensar sus desvelos.

2012-2015. Directora General de Política Interior del Gobierno de Rajoy

Dicho y hecho. Tras ganar las elecciones del 2011, Rajoy decide nombrar a su amigo Jorge Fernández Díaz Ministro del Interior, hoy procesado por el Caso Kitchen. Las alegrías se desencadenan entre los potenciales nombramientos que debe perpetrar Fernández Díaz. Hete aquí que a la predispuesta Cristina la llaman para anunciarla que su primer nombramiento de BOE con formato de Real Decreto está al caer. Y como lo prometido es deuda el 12 de febrero fue recompensada por el piadoso Ministro del Interior designándola Directora General de Política Interior. Tuvo un comienzo singular que las redes sociales guardan con esmero. Sus ruedas de prensa con motivo de la huelga general del 29 de marzo del 2012 son una verdadera antologia de disparate sobre lo que no hay que hacer en política de comunicación.

Como dato anecdótico su etapa en el Ministerio discurrió a la par que se ponía en marcha y se cerraba la operación Kitchen. Tanto es así que en pleno verano del 2015 es cesada por el mismo que la nombró. Eso sí, agradeciéndola los servicios prestados.

2015-2017. Directora General de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cifuentes

Pero pelillos a la mar. Rápidamente su cese fue compensado al día siguiente con un nuevo nombramiento. En esta ocasión su benefactora es Cristina Cifuentes que acababa de ser elegida Presidenta de la CM y con anterioridad Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, puesto estrechamente relacionado con la Dirección General de Política Interior que ocupaba por entonces María Cristina Díaz Márquez.

2017-2018. Directora General de Política Interior del Gobierno de Rajoy

El caso es que otro buen día, esta vez del 2017, no se saben muy bien las razones, va y dimite del puesto para volver a ocupar la Dirección General de Política Interior del Gobierno de Rajoy. En esta ocasión su padrino es también juez y responde al nombre de Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Allí les coge con sorpresa la moción de censura de Pedro Sánchez. Uno se va al poco tiempo al Parlamento Europeo y nuestra Cristina retorna a la judicatura.

Vox se cruza en su camino

Tras reponerse del disgusto de su cese solicita traslado y un año después la envían al juzgado de instrucción nº 29 de Madrid. Estamos en el verano del 2019.

Como recordarán nuestros lectores en el panorama de la derecha hispana había aparecido con más fuerza de lo previsto el partido de ultraderecha Vox, una escisión fraternal dentro del PP que en las generales de noviembre de ese año 2019 acabaron obteniendo 52 escaños en el Congreso de los Diputados.

El destino de la jueza genovesa se cruza con el de Vox gracias a una de las muchas querellas que los ultraderechistas registran en los juzgados, y que el “azar” hace que una de ellas acabe en sus manos.

El presidente del CIS, en el punto de mira

La querella es contra José Félix Tezanos, a la sazón Presidente del CIS. El caso es que a pesar que la Fiscalía y la abogacía del Estado se oponen a su admisión la jueza abre DP. A Cristina le da igual que el relato de la formación de extrema derecha sea un cumulo de “meras sospechas” o “conjeturas” o que “el denunciante, nada acredita respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado”. A diferencia de Vox, la Fiscalía se carga de razones indicando a la jueza que, en todo caso, no puede iniciarse una investigación judicial basada simplemente en noticias de prensa, “comentarios y opiniones en redes sociales”, y “sin aportar ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas (…) distan mucho de satisfacer los presupuestos de tipicidad del delito objeto de denuncia (…) no existe una relación causal lógica que lleve a presuponer que los errores denunciados en la elaboración de encuestas sean consecuencia de una administración dolosa dirigida por el querellado con la finalidad de quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido político concreto”.

Pero como estaba previsto la conservadora Díaz Márquez decide ignorar sus argumentos y por el contrario abre diligencias para investigar si como sostiene Vox el Presidente del CIS utiliza este organismo de forma “irregular”, “con fines partidistas y únicamente para beneficiar al PSOE”. Lo acusa, entre otras cosas, de manipular las encuestas para beneficiar a los socialistas ante la opinión pública.

Para los más despistados recordar que meses antes, otro juez archivó una denuncia similar y el propio Tribunal de Cuentas rechazó de plano una investigación sobre esa demanda.

Como es natural, es más que probable que otros muchos de sus colegas se hubieran inhibido por sus obvias vinculaciones ideológicas y de responsabilidades púbicas que ha mantenido con el Partido Popular, hermanos de sangre de los querellantes. Lo contrario exactamente que sí que tuvo que hacer  en su día respecto al master de Cristina Cifuentes.  

El próximo 28 de octubre Tezanos está citado a declarar como investigado. Seguiremos informando.