Otra vez por aquí para repasar con todos vosotros la segunda parte de la agenda judicial que tiene programada el PP a lo largo y ancho de este 2020. En la primera habíamos escogido los casos más frecuentados por los medios de comunicación: GürtelPúnica y  Lezo acompañados de sus principales  protagonistas que son muchos, variados y vistosos y de propina añadimos 3 casos de rabiosa actualidad que afectan a la actual Presidenta de la CM, Isabel Díaz Ayuso, al ex Vicepresidente Rodrigo Rato y a la ex Presidenta de la CM, Cristina Cifuentes. 

En esta nueva entrega los sumarios elegidos seguramente no han ocupado la misma atención mediática que los anteriores. Están muy repartidos en el territorio y en el tiempo y eso seguramente contribuye a que cueste más centrar la atención sobre los mismos. 

Pero sin embargo en Génova 13 y en su planta 7ª saben bien que también en estos casos se la juegan. No son genoveses cualquiera. Los hay que han sido Presidentes de CCAA como Eduardo ZaplanaPedro Antonio Sánchez Jaume Matas y también algunos estrechos colaboradores del propio Casado como Alfredo Prada junto a un buen número de ex Consejeros, alcaldes y altos cargos de la AGE. Dicho esto, vamos a ello:

01. CASO ERIAL

Sin duda alguna el protagonista absoluto de este prototipo de corrupción institucional, personal y familiar es  Eduardo Julio Zaplana Hernández Soro que lo ha sido todo dentro del PP : Presidente de la Generalitad Valenciana, Ministro de Trabajo, Portavoz del GPP en el Congreso, etc.  Muy a su pesar está siendo investigado por la jueza titular del juzgado Instrucción número 8 de Valencia Isabel Rodríguez. Los investigadores consideran acreditado que Zaplana recibió comisiones por la adjudicación de contratos del Plan Eólico Valenciano y por las concesiones de las ITV en la Comunidad Valenciana, obteniendo  de forma ilegal, "decenas de millones" de euros, parte de los cuales continúan ocultos en el extranjero a través de una compleja red de despachos de abogados y testaferros. En la actualidad está en libertad provisional por enfermedad. 

02. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS

Tras salir a trancas y barrancas del Caso PasarelasPedro Antonio Sánchez Sánchezresidente en Miamiex Presidente de Murcia y ex Alcalde de Puerto Lumbreras, se encuentra a la espera que se celebre el juicio oral en el que está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones y fraude en concurso ideal con prevaricación.  El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son  las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.  La fiscalía solicita para PAS cuatro años y medio de prisión, diecinueve años de inhabilitación especial para ocupar cualquier cargo o empleo público y una multa de seis millones de euros. PAS para los más olvidadizos está siendo también investigado en el Caso Púnica. 

03. CASO ESCOMBRERAS

Seguimos por tierras murcianas. Tras solicitarlo la Fiscalía, en octubre el 2019 la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, ha abierto diligencias penales contra el expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel para investigar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones en el proceso de construcción y adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras. 

En esta causa se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACSEl Ministerio Público sostiene que como máximo mandatario regional el denunciado no podía ser ajeno a las actuaciones llevadas a cabo para la construcción y explotación de la desalinizadora, obra que produjo según la fiscalía un perjuicio millonario para las arcas públicas autonómicas al asumir el Gobierno murciano el proyecto surgido de la iniciativa privada. Todos estos extremos se incluyen también en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, donde la oposición consideró a Cerdá y a Valcárcel "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico.

04. CASO CAMPUS DE LA JUSTICIA 

Está siendo investigado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Tiene su origen en un querella de la Fiscalía y en un informe de la Cámara de Cuentas de la CM.  Según el juez De la Mata “la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico - organizativo. Presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados”.  El juez De la Mata ha tomado declaración en calidad de investigado a Alfredo Prada Presa, Presidente del Consejo de Administración, ex Vicepresidente y Consejero de Justicia de Esperanza Aguirre y ex responsable de la "Oficina anticorrupción" nombrado por el propio Pablo Casado.

En mayo del 2019 De la Mata rechazó el incidente de nulidad presentado por Prada. El magistrado en su  auto responde a las alegaciones de la defensa de Prada, que en un escrito de finales de abril acusaba tanto al juez como a la Fiscalía de poner en marcha una “guerra no convencional” y una “embestida legal” contra él por ser un “oponente político” de ellos. Prada sostenía que el ministerio público había cometido “graves irregularidades” en sus investigaciones. De la Mata rebate estas “gravísimas y desmesuradas acusaciones” recordándole que como presidente de la entidad, era el responsable tanto de la contratación como de la gestión económica y que “tomaba parte directa” de las decisiones estratégicas y operativas de la sociedad pública, como la contratación del comisario Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de la exministra Dolores de Cospedal, en octubre de 2007. Según De la Mata, Prada participó directamente en los principales contratos suscritos por CJM, en algunos de los cuales “no se constituyó mesa de contratación”.

05. CASO TEATRO MADRID 

Tras la querella presentada el 10 de marzo del 2015 por un vecino de Getafe, se investiga por el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe el supuesto amaño de contratos durante los años en que Juan Soler fue alcalde de Getafe (2011-2015). En concreto, seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y con otras obras de Getafe.Tras más de 3 años de instrucción, oída la Fiscalía, el juez la decidido investigarle toda vez que Soler había perdido la condición de aforado como senador territorial y diputado de la Asamblea de Madrid. El 28 de noviembre del 2019 el interesado se acogió a su derecho a no declarar. En este procedimiento además están siendo investigados varios empresarios que habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. La Fiscalía reúne en su informe diferentes testimonios que apuntan a que todas las modificaciones irregulares se hicieron por encargo directo de Soler. Esas irregularidades se repitieron en otros concursos públicos, como la construcción de escuelas infantiles o la remodelación del Mercado Municipal. Soler era "no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor", sostiene el escrito.

06. CASO IMELSA

Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada desde abril del 2015 por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia. Losinvestigados (personas físicas y jurídicas) están acusados de varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad Giegsa dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.  En relación con esta empresa la UCO ha remitido al juzgado un amplio informe según el cual  esta empresa pública utilizada por el anterior Consell del PP para la construcción de colegios, sirvió para la financiación ilegal del PP autonómico y provincial bajo las presidencias de Francisco Camps y Alfonso Rus.

07. CASO PALMA ARENA

El sumario está formado por 28 PS. Se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”El ex Presidente Jaume Matas ha sido condenado por la PS 2 (6 meses de prisión tras recurso de casación al TS); por la PS 6 por un delito de cohechoen su consideración de pasivo impropio, a una multa de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín y por la PS Nóos. (3 años y 8 meses). En estos momentos está en la prisión de Aranjuez donde cumple condena por la ultima sentencia.