Manuel García-Castellón García-Lomas (sus apellidos en las últimas fechas aumentan o disminuyen según circunstancias indeterminadas) ha decidido que a sus 69 años ya va siendo hora de ir limpiando su mesa en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. En honor a la verdad hay que decir que para ello no ha estado ni está solo. Le acompañan en el cartel el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea Francés y Daniel González Uriel, un jovencísimo e inexperto juez sin funciones jurisdiccionales exclusivamente dedicado a labores de colaboración, asistencia o asesoramiento. Los tres, casualmente o no, se han puesto de acuerdo en pertenecer a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Como dato complementario hasta el pasado 1 de julio estuvo de magistrado de refuerzo el prometedor Manuel Abascal que por razones que se desconocen prefirió irse en comisión de servicios como titular interino al JCI nº 1. Nadie duda que contó con la inestimable ayuda de Concepción Espejel y Carlos Lesmes y el plácet de Manuel Marchena.Hay que reconocer sin ambages que los “tres en uno”han trabajado a destajo estas últimas semanas, apoyados, eso sí, en la legión de silenciosos funcionares judiciales que están adscritos a ese juzgado. En un solo día, valga como ejemplo el pasado viernes 29 de julio, cuando todo hijo de vecino se encontraba a las puertas de las vacaciones, han intentado poner puertas al campo a las 3 causas judiciales más complejas e inquietantes para el Partido Popular de Génova 13, en particular para la planta 1ª donde se ubica el PP de Madrid y la 7ª donde se fotografía su presidente nacional, Pablo Casado. Vamos al grano. Tándem PS7 KitchenEn esta primera parte, de la trilogía casera que hoy iniciamos, la dedicaremos a la denominada “Operación Kitchen” que en palabras de García-Castellón García-Lomas todo comienza y acaba en el Ministerio del Interior, lejos de Moncloa y de Génova 13. Así lo cuenta en su auto de procesamiento:“El objeto de la presente investigación se articula entorno a una serie de actuaciones para la obtención de información y documentación procedente de Luis Bárcenas Gutiérrez quien estaba siendo investigado en el marco de las Diligencias Previas 275/2008 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. De las diligencias practicadas se infiere desde la provisionalidad de este momento que la operación se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior siguiendo órdenes del Ministro y bajo el control de Francisco Martínez Secretario de Estado quien contó con la ayuda de Eugenio Pino el DAO (ayudado del Sr. Fuentes Gago y el Sr. Diez Sevillano) quien encomendó el desarrollo al Sr Villarejo y este a su vez contó con Marcelino Martín Blas en un primer momento y después con Enrique García Castaño. Para la ejecución de la misma el Sr. Villarejo se habría servido a través de Andrés Gómez Gordo del investigado Sergio Javier Ríos Esgueva a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar esposa de Luis Bárcenas Gutiérrez todo ello a cambio de una retribución mensual con cargo a gastos reservados y el posterior acceso del Sr. Ríos al Cuerpo Nacional de Policía a modo de recompensa”.(Auto 29.07.21.pag 46).Por tanto, todo lo que no encaje en este resumen resumido para el juez de cabecera del PP sencillamente no existe. Y es que como decíamos anteriormente ese viernes 29, a las 13h 12`, García Castellón, sin García Lomas, firma un auto de procesamiento por el que además de llevarse por delante a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy entre 2011-2018, excepción hecha de Ignacio Cosidó, ex DG de la Policía, decide a pesar de las evidencias más evidentes archivar las diligencias abiertas contra María Dolores de Cospedal García (SG del PP en el momento de los hechos), Ignacio López del Hierro (marido, asesor y cómplice de Cospedal), José Luis Ortiz Grande (Director de Gabinete de Cospedal y su correvedile de confianza) y Enrique Olivares García (el falso cura que a golpe de pistola secuestró a la familia de Bárcenas en su propio domicilio).Sobre las vinculaciones de Cospedal y su marido con Gürtel y Kitchen hay más que indicios. Sus múltiples reuniones con Villarejo, muchas de ellas grabadas y resumidas en los cuadernos del propio comisario, junto al papel clave de su policía de confianza Andrés Gómez Gordo en la captación del conductor de los Bárcenas, acreditan que bajo el eufemismo “derecho de reunión”en el que se basa el juez para descalificar las sesiones de trabajo entre Cospedal & Villarejo, es donde se fundamentan las implicaciones de la primera en la trama delictiva montada para robar papeles y audios a Bárcenas que comprometerían, no a la cúpula del Ministerio del Interior, si no a la del PP con Rajoy y ella misma a la cabeza. Afortunadamente, la fiscalía, muy presionada en esta investigación, la abogacía del Estado, varias acusaciones populares (PSOE y Podemos) y varias defensas que previamente habían solicitado ampliar la instrucción, ya han anunciado que recurrirán este auto. Y no es para menos. Solo a los efectos de hacerse una idea de este precipitado cierre estas son algunas de las diligencias que había solicitado la fiscalía y que el juez había rechazado días antes:1. Declaración judicial de Ignacio COSIDO GUTIÉRREZ, con la condición procesal de investigado, asistido de letrado y con las garantías reconocidas en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.2. Que se requiera de nuevo la emisión del informe médico forense sobre el estado del interno Enrique OLIVARES GARCÍA, que fue solicitado a la Médico Forense de la Audiencia Nacional que formó parte de la comisión judicial de este Juzgado Central de Instrucción 6 que visitó al citado interno en el Centro Penitenciario Madrid VI- Aranjuez.3. Que se requiera a la Dirección Ajunta Operativa, por medio de la Unidad de Asuntos Internos, con la finalidad de que recabe la documentación obrante en sus archivos -documentación ya desclasificada a los efectos de esta causa- que pudiera poner de manifiesto la entrega de fondos reservados, mediante entregas de dinero en efectivo o en especie, a otros colaboradores captados en el curso de la Operación Kitchen, tanto en el caso de ya identificado como Isidro SÁNCHEZ, como en el caso de otros colaboradores captados que pudieran ser plenamente identificados.4. Que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos para que realice las oportunas pesquisas para identificar todos los datos relativos a los cinco números de telefonía móvil aportados por el investigado José Manuel VILLAREJO PÉREZ en su escrito de fecha 9 de julio.5. Que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos para que, como ampliación del Oficio UAI n 437/2019, de 22 de febrero, informe sobre la identidad y los motivos de las visitas de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al interno Enrique OLIVARES GARCÍA, y se identifique la cuenta o cuentas bancarias desde la que se hicieron los abonos en la cuenta de peculio del citado interno durante su estancia en el Centro Penitenciario Madrid ll-Valdemoro.6. Que por medio de la unidad policial investigadora se requiera al representante legal del Partido Popular para que informe sobre la persona o personas que tuvieran asignado como teléfono corporativo el uso del número 65070XXX.7. Que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos para que remita a la mayor brevedad posible el resultado de las comprobaciones aún pendientes, según resulta del Oficio UAI de 26 de julio de 2021, con las respuestas de las respectivas compañías operadoras de telefonía móvil, para la identificación de la titularidad de los teléfonos 651644XXX y 65164XXX.8. Se remita el informe interno solicitado a la Unidad de Informática y Comunicaciones del Cuerpo Nacional de Policía para determinar si las líneas objeto del requerimiento judicial son o no de líneas de teléfono que hayan operado en los años 2013 a 2015 como corporativas u oficiales.A estas diligencias denegadas hay que añadir el hecho de que el juez ha decidido obviar los testimonios de personajes que aparecen profusamente en el sumario como son los casos del abogado Javier Iglesias Redondo y del hoy comisario Pedro Agudo, estrecho colaborador de Cosidó y amigo personal del propio juez durante su común etapa en Roma, uno como agregado del Ministerio del Interior y el otro en calidad de juez de enlace en Italia.Y por último, no queremos dejarnos en el tintero dos nombres claves para entender el calado de esta operación partidista y parapolicial. El primero es el Fiscal Stampa, adscrito desde el primer momento al Caso Tándem y cofirmante de la querella que dio lugar a la apertura de las primeras diligencias. Tras varias campañas intimidatorias y difamatorias dentro y fuera de la propia fiscalía fue “cesado” de hecho al no renovar su confianza en él Dolores Delgado, Fiscal General del Estado quien concilia su puesto con serios conflictos de intereses por sus relaciones afectivas con el ex magistrado Garzón, desde hace años abogado ejerciente e influyente en diferentes ámbitos políticos y judiciales.El segundo es Luis Santos, ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional. Además de ejercer como abogado del Partido Popular, ha llevado el peso de la defensa de la pareja Cospedal & López del Hierro. Sus relaciones personales con sus ex compañeros, jueces incluidos y sus vinculaciones con el Opus Dei, fuertemente asentado en la judicatura y en la fiscalía, le convierten en un abogado que todo lo que toca se traduce en sobreseimientos de pago. Tándem PS 21. La Caixa y Repsol junto a Fainé y BrufauEse mismo día 29, tres minutos después de firmar el auto de Kitchen, como quien no quiere la cosa, García Castellón decidió estampar nuevamente su rúbrica en una de las más de 30 piezas que componen el caso Tándem. En esta ocasión, la elegida fue la número 21 y los agraciados el ex Presidente de la Caixa ISIDRO FAINÉ CASAS y el de Repsol, ANTONI BRUFAU NIUBÓ. Ambos fueron acompañados por el sobreseimiento de ambas sociedades. Aquí se puede consultar el auto de marras. En honor a la verdad, era un secreto a voces que dentro y fuera del juzgado se sabía que lo que ha pasado estaba previsto que pasara. 2ª parte: García Castellón y Púnica