1. No es ningún secreto que un sector de la judicatura y de la fiscalía, agrupadas en torno a la mayoritarias Asociación Profesional de la Judicatura Asociación de Fiscales, cuestionan abiertamente y desde un primer momento al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y, en particular, de manera más acusada, desde que fuera declarado el estado de alerta por la llegada a España del coronavirus

Como ejemplos, sacados al azar, valgan estos dos:

El primero es el artículo que ha escrito Consuelo Madrigal, ex Fiscal General del Estado con Rajoy y en la actualidad Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Llueve sobre mojado. No es la primera vez, ni será la última en la que utiliza su condición de fiscal para firmar manifiestos que tiene que ver más con su ideología conservadora y ultra religiosa  que con su función como fiscal. Como anécdota de ecos de sociedad, y habitual entre los miembros de la derecha judicial, está casada con un magistrado destinado en la Audiencia Provincial de Madrid.

Y el segundo viene a mano tras las declaraciones de José Luis Concepción,  14 años como Presidente del TSJC de Castilla y León que, sin complejos,  ha asegurado que el estado de alarma instaurado ante la pandemia del coronavirus provoca que los españoles tengan "suspendidos algunos derechos fundamentales” y que este mecanismo constitucional se está empleando “para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”.En esa misma línea hay que enmarcar otras declaraciones suyas sobre el traslado del dictador Franco que según Concepción “reverdece el odio que ya habíamos olvidado” y " pretende convertir en vencedores de la guerra a quienes, en definitiva, perdieron la contienda en 1939”.

2. Dicho esto, no es tampoco ningún secreto que el CGPJ está en funciones desde hace casi año y medio y que su composición desde el 2012 es claramente conservadora y está dirigido por su entusiasta Presidente Carlos Lesmes. Sus nombramientos, muchos de ellos tan discutibles como discutidos por sus propios compañeros de toga, su política personalista y sus fuertes convicciones religiosas hacen de el un personaje cada día más prisionero de su propia realidad institucional.

3. Sobre el Tribunal Constitucional las mayorías consolidadas en torno a posiciones conservadoras las representa mejor que nadie su Presidente Juan José González Rivas, tan discreto como practicamente inexistente. Al igual que el CGPJ en breve está llamado a ser renovado parcialmente. Como es natural el Partido Popular no tiene la más mínima intención de favorecer el acuerdo.

4. Y en esta misma línea de evidencias no lo es menos, por ejemplo, la Sala II del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena, un juez menos inteligente de lo que el mismo piensa y mucho más vanidoso de lo que el se puede imagina. Sobra decir que en esta Sala la mayoría es tan o más conservadora que el propio Marchena. Por citar un caso poco discutible, recordemos el nombre de Pablo Llarena Conde, instructor del denominado “Caso del Procés”  que, mira por donde, también comparte bienes gananciales con su esposa, ex fiscal y jueza, Gema Espinosa Conde.

Y para ayudar a completar el puzle a los más despistados, porque tampoco es ningún secreto de Estado, recordarles donde están en estos momentos los 3 jueces que en su día fueron recusados por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional por sus manifiestas vinculaciones con el Partido Popular:

01. Concepción Espejel Jorquera. Tras sus recusaciones múltiples acabó siendo recompensada con un nombramiento de bombo y platillo : Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.  Desde esa privilegiada atalaya,  hace y deshace. Y de vez en cuando preside algún que otro juicio. Está casada con un coronel de la guardia civil, actualmente en la reserva. 

02. Enrique López LópezConsejero de Justicia, Interior y Victimas del Gobierno de coalición de la CM, presidido por Isabel Díaz Ayuso responsable nacional del PP en las áreas de Justicia e Interior, en sustitución de Rafael Catalá que se ha incorporado de lleno a sus múltiples negocios privados, juegos de azar incluidos. López no oculta su amistad a tiempo parcial con el actual Ministro de Justicia con el que coincidió como vocal en el CGPJ

03. Juan Pablo González González. Como quien no quiere la cosa tras su recusación fue nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ahí sigue.

Hecha esta rápida introducción quizá sea más sencillo entender el por qué el desasosiego y la preocupación que desde diferentes ámbitos no conservadores se tiene tras conocerse que más de 45 querellas y denuncias contra el Gobierno de Sánchez están registradas en el Tribunal Supremo y también las que en un número indeterminado están tramitándose en otros órganos jurisdiccionales.

Como ejemplo de esta inquietud nos hemos detenido en la sede judicial de la Plaza de Castilla de Madrid y en concreto en el Juzgado de Instrucción número 51, cuyo titular es Carmen Rodríguez Medel Nieto Carmona, miembro de la APD, instructora desde el pasado 23 de marzo de las DP 607/20

Según el auto de apertura, el origen está en una denuncia de un abogado tanto contra aforados como otros que no lo son.  A todos ellos se les imputa un “delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el COVID-19”. A los efectos de los lectores de este articulo, nos remitimos al dossier de prensa que hemos preparado y que puede ser consultado en este enlace

En cuanto a las diligencias practicadas, destacan varias. Las más polémicas, tras su difusión, han sido el atestado de la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, el informe forense preliminar, así como la decisión de la jueza de que sea llamado a declarar en calidad de investigado el actual Delegado del Gobierno en Madrid

En esta misma línea informativa varios medios de comunicación han publicado extractos de dos recursos de apelación directa de la abogacía del Estado en el que cuestionan con contundencia la actuación de la jueza así como al atestado de la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil antes citado. 

En los próximos días todo apunta a que la Fiscalía también aparezca en escena, una vez que se reanuden los plazos, oponiéndose a las DP y solicitando su archivo.

De manera simultánea, incluso se podría pensar que sincronizada, tras el cese de Diego Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales han hecho públicos sendos comunicados manifestando su oposición al citado cese y una defensa febril de la actuación de la jueza Rodríguez Medel.

Y como no hay dos sin tres, Isabel Díaz Ayuso, la peculiar Presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha firmado su propio comunicado de apoyo incondicional al cesado coronel que probablemente tiene más que ver con su delicada posición  penal y civil en la nefasta gestión, protocolos incluidos,  que su Gobierno ha practicado en las residencias de mayores con varios miles de fallecidos.  

Acabamos esta primera parte anunciando nuestra próxima entrega: la biografía no oficial de Carmen Rodríguez Medel, una jueza de moda, criada y educada entre aranzadis y casas cuarteles.