La Asociación de Afectados por la venta de las 32 promociones de viviendas sociales del IVIMA en 2013 cree que desde “el aparato del Estado se intenta bloquear” la investigación sobre esta operación inmobiliaria “para que se dilate” tanto que no se cumpla con el tiempo estipulado para la instrucción judicial y “se dé carpetazo” al asunto.

De las 32 promociones vendidas al fondo Goldman Sachs, 2.300 viviendas tenían contratos de alquiler con opción a compra y las 700 restantes eran de alquiler. Los beneficiados con los contratos de opción a compra, sobre todo, eran provenientes del Plan Joven, quienes a los siete años podían hacerse con las viviendas y contaban con un colchón al que había ido la mitad de la renta pagada mes a mes, para hacer frente a los gastos de escrituración e impuestos. La venta al fondo de inversión se produjo escasos meses antes de que se vencieran esos contratos.

En el caso de las viviendas alquiladas, con deducciones en las rentas de entre el 10% y el 90% hay afectadas familias con dependientes o menores a cargo, personas con discapacidad o con muy bajos recursos económicos.

La jueza puede dar carpetazo
“La causa tendría que estar instruida en julio de 2017, y cada vez vamos estando más cerca. Si llegamos a esa fecha y no tenemos pruebas periciales suficientes, es muy posible que la jueza pueda dar carpetazo”, advierte el portavoz de la asociación, Enrique Villalobos Juan, a ELPLURAL.COM.

Los obstáculos puestos por la hermana del ministro
Villalobos recuerda los obstáculos puestos para el nombramiento de peritos de Hacienda, solicitados por el Juzgado Número 48 de Madrid, que instruye este caso. Como desveló ELPLURAL.COM, la Delegada de la Agencia Tributaria de Madrid,  Raquel Catalá, eligió a un inspector vinculado, a través de sus empresas, al fondo de inversión Goldman Sachs.

“Están jugando con una claridad evidente a que se dilate tanto que no se consigan las pruebas, máxime cuando estamos hablando de la hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien casualmente era el responsable de Vivienda en el Ministerio de Fomento cuando se realiza la operación”, recuerda el portavoz de la asociación de afectados.


Los bloqueos del aparato del Estado
“Es muy difícil poner pruebas palmarias encima de la mesa del juez cuando los archivos están vedados, cuando se ven todos los bloqueos del aparato del Estado. Cuando el Estado bloquea tanto, algo habrá”, subraya Villalobos.

“Sabemos que le pusieron dificultades a la Cámara de Cuentas para acceder a los archivos. Ha habido opacidad en la trasmisión de la información a la oposición en la anterior legislatura. La venta de las viviendas sociales se aprobó en una sesión en la Asamblea de Madrid, el 18 de julio, pasadas las 12 de la noche. La oposición no tenía la información. El 1 de agosto nos sentamos con representantes del PSOE e Izquierda Unida y nos reconocieron que habían pedido la información y no se les había dado”, explica el portavoz de los afectados, que recuerda que se cambió la Ley para que las viviendas se pudieran vender en bloque y “con ciertas facilidades” para el comprador.

Rajoy les abrió la puerta
Los afectados están convencidos de que hubo un marco político que facilitó esta operación y apuntan directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “La gente debe entender que los fondos de inversión americanos no desembarcaron en España porque sí. Había una trama general. Evidentemente, tiene que ver con que Mariano Rajoy se presentara en EE.UU., en China, que fueron los viajes que hizo como presidente en su momento, diciéndoles ‘nuestro país está con los brazos abiertos a vuestras inversiones’; con que se cambiara la Ley y hubiera diferentes intentos de operaciones similares, algunas fracasaron y algunas se paralizaron”.

El intento fallido en Getafe
Como ejemplo, Enrique Villalobos cita “el intento de vender unas viviendas en Getafe con las mismas condiciones que la venta a Goldman Sachs. Pero la convocatoria quedó desierta porque después que empezamos a movilizarnos a sacar esto a la luz, las empresas interesadas y los fondos se echaron atrás. Sabían que se podían enfrentar a procesos judiciales largos, a situaciones desagradables y a pérdida de credibilidad social. Goldman Sachas no ha podido sacar el 100% de rendimiento de la operación porque aquí seguimos”.

Muchas irregularidades
Villalobos recuerda las irregularidades puestas en evidencia por la Cámara de Cuentas, como que Goldman Sachs y su socio Azora crearan una sociedad instrumental (Encasa Cibeles) para quedarse con las 32 promociones de viviendas, “una empresa que tenía sólo 3.000 euros de capital social”. También, que se vendiera los pisos en un gran bloque perjudicando en gran medida el precio de venta.

“Es evidente que ellos tenían otro negocio acordado. Había una empresa que quería convertirse en un gran tenedor de viviendas y que necesitaba que para adquirir muchas viviendas se pusieran baratas para luego hacer el siguiente negocio, que es, ‘como a mí me lo vendes a mitad de precio del módulo y yo lo puedo vender al precio total del módulo, cuando menos me estás garantizando un trozo de beneficio’. Es así de sencillo”.