ELPLURAL.COM fue el primer medio de comunicación en recoger las denuncias de los ciudadanos que advertían del deterioro democrático experimentado en Castilla-La Mancha desde que el exconsejero de Cospedal fue nombrado delegado del Gobierno en esta comunidad. Ocho meses después, Jesús Labrador, se ha convertido en un “fiel guardián de los intereses de la presidenta castellano-manchega, siempre acompañada por un inusitado cordón policial, que ni Mariano Rajoy lleva consigo”, denuncian a este periódico fuentes de la dirección regional del PSOE.

El precio de una cacerolada
Y es que una pitada o una cacerolada no vale lo mismo en Madrid que en Cuenca. Esperanza Aguirre puede ser abucheada a su llegada al acto de entrega de diplomas de los nuevos agentes de Policía Local en la academia madrileña, y a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, no se le ocurre expedientar a los autores de esa protesta. Sin embargo, 165 kilómetros más al este, concretamente en la calle Calderón de la Barca de la ciudad de Cuenca, idéntico comportamiento es equiparable a la “kale borroca” protagonizada por los violentos grupos pro etarras vascos. ¿Por qué? Fácil: la presidenta de Castilla-La Mancha se llama María Dolores Cospedal y el delegado gubernamental no es otro que el “fiel” Labrador.

Atentado contra los derechos ciudadanos
El caso es que una decena de ciudadanos que reprochaban esta semana a Cospedal los salvajes recortes en sanidad son ahora “perseguidos” por la Delegación del Gobierno, que ha abierto una decena de expedientes sancionadores, en lo que los afectados interpretan como un acto de “agresión injustificada a los derechos básicos de los ciudadanos al pretender equiparar una pitada/cacerolada absolutamente pacífica con actos de violencia callejera como realización de barricadas, quema de contenedores o rotura de escaparates y sancionarlos por “originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público”.

Boca sellada como protesta
Ante esta insólita situación, más propia de otros tiempos de triste recuerdo, miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca se personaron en la Subdelegación de Gobierno para presentar las alegaciones contra los expedientes sancionadores propuestos por el hombre de Jesús Labrador en la ciudad de las Casas Colgadas. Los ciudadanos, que acudieron con pegatinas que sellaban sus bocas, con el lema “los recortes en sanidad matan”, denunciaban también la campaña de acoso y derribo del delegado del Gobierno, “que pretende amedrentarnos para evitar la participación ciudadana en protestas pacíficas, y para ello han comenzado con estos injustificados expedientes sancionadores y seguirán con otros”, reconoce a ELPLURAL.COM un miembro de esta plataforma.

Campaña de autoinculpación
Sin embargo, lejos de achantarse, de renunciar a sus justas reivindicaciones, la plataforma lleva a cabo una campaña de autoinculpación de cara “a reforzar las pruebas testificales de las alegaciones que presentaremos para obligar al sobreseimiento y archivo del expediente sancionador”, solicitando a todos los que “estuvisteis esa tarde frente a la Cámara de Comercio, aunque fuese tan solo unos minutos, que os descarguéis, completéis y firméis la siguiente hoja de autoinculpación (ver documento)”, añaden.

Otros expedientados
Pero aquí no queda el exceso de celo de Jesús Labrador. No, el delegado del Gobierno también pretende “empapelar” a 14 ciudadanos que el pasado mes de junio recibió a María Dolores Cospedal con una pitada cuando la secretaria general del PP se dirigía a clausurar el congreso provincial conservador de su partido (ver video).

“No me gusta poner multas”
“Ni me gusta que me pongan multas, ni me gusta ponerlas”, reconoce a El Día el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, quien “prohibir, perseguir y amedrentar a los ciudadanos”, como denuncian desde la plataforma, no es otra cosa que aplicar la ley, “igual para todos y la Subdelegación de Gobierno está para garantizar el derecho de todos los ciudadanos”, añade en el mismo periódico, “no es prohibir las manifestaciones, tan sólo cumplir la ley”.